Viedma: piden sostener la suspensión de un juicio a prueba para acusada de asaltar a dos mujeres

Unificaron dos legajos en el cual estaba acusada por delitos similares y desde la defensoría oficial se solicitó la posibilidad de continuar con una suspensión de juicio a prueba para lo que las víctimas se mostraron de acuerdo. Piden que IAPL le brinde herramientas por seis meses para que pueda cumplir con las cautelares.

Este jueves 09 de noviembre se realizó una audiencia de formulación de cargos contra una joven de 18 años por el delito de «robo en grado de tentativa».  La acusada es la autora del hecho ocurrido el 12 de febrero del 2022 en las calles México y Alvear, donde intentó robarle la cartera a una mujer tras forcejear y golpearla en la cabeza. La víctima logró escapar corriendo, aunque sufrió un hematoma de tres centímetros de diámetro en la zona occipital de la cabeza.

La denuncia penal presentada por la víctima en la Comisaria 34, es el elemento inicial en el sustento probatorio del caso, al que se suman los testimonios de testigos y el certificado médico que forma parte del expediente judicial. En la audiencia realizada recientemente, el juez de garantías dio por formulados los cargos con un plazo de investigación de cuatro meses.

El defensor oficial de la acusada, Juan José Álvarez Costa, recordó que existe un legajo previo para la joven acusada con una carátula de «robo agravado por el uso de arma con la participación de un menor». En ese momento se planteó una solución alternativa, por lo que Álvarez Costa pidió la acumulación del legajo con la primera causa al último que se le inició por el hecho en el cual volvieron a formularle cargos.

El objetivo del defensor oficial es que se incorpore un beneficio para la acusada que ya estaba en trámite con el primer legajo, que implicó la suspensión de juicio a prueba concedida el 07 de septiembre del 2022 por un año. La joven debía cumplir una serie de pautas de conducta para acceder al beneficio de la suspensión de juicio a prueba, incluyendo la fijación de domicilio y acompañamiento con monitoreo por parte de la SENAF y una previa coordinación con el IAPyL (Instituto de Presos y Liberados) para cuando la joven cumpliera la mayoría de edad.

El defensor oficial detalló que las pautas también incluían realizar un curso en el SENAF para aprender un oficio, cumplir con 30 horas comunitarias y la prohibición de acercamiento por un radio de 300 metros contra la víctima del primer delito. Sin embargo, cuando la joven cumplió 18 años, no hubo coordinación entre SENAF e IAPL para evitar quedar sin respaldo institucional.

El defensor oficial explicó que cuando la joven se presentaba en el IAPL, no tenían la posibilidad ni el conocimiento para poder brindarle algún tipo de ayuda en particular. Incluso, las horas comunitarias que debía cumplir las realizaba en la huerta del Centro Socioeducativo (Ex Pagano), situación que tuvo que interrumpir por encontrarse otra persona allí alojada.

Por lo tanto, el defensor oficial pidió al juez de garantías que se notifique al IAPL para que puedan brindarle herramientas a la joven de 18 años por un plazo de seis meses y así poder cumplir con las pautas de conducta determinadas en el primer caso donde también había sido acusada de asaltar a otra mujer.

Este caso refleja la necesidad de coordinación entre diferentes instituciones para brindar una solución efectiva a los jóvenes que están en conflicto con la ley. Es fundamental que se cumplan las pautas establecidas para acceder a beneficios como la suspensión de juicio a prueba y así evitar futuros delitos como si pasó con esta joven.

Por pedido en audiencia no se difunden nombres ni fotos de la acusada