El equipo de fiscales de Bariloche que lleva adelante la investigación preliminar de los hechos atribuidos a funcionarios públicos y empresarios en el marco de la causa Techo Digno -vía zoom- reformuló cargos a quien encabezaba el ejecutivo municipal al momento de los hechos y a empresarios. Ampliaron además la nómina de imputados sumando una persona más.
El fiscal jefe que comenzó con la descripción de los hechos investigados destacó que toda la información se desprende de dos Acuerdos firmados con la Sub Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación (ACU) en el marco de la ejecución del programa Federal de Construcción de Viviendas e Infraestructura “Techo Digno”.
En el extenso relato de los hechos, el Ministerio Público Fiscal les atribuye a los empresarios haber emitido certificaciones con diferencias entre el avance real y el declarado de dichas obras licitadas. Una vez realizadas auditorías en las obras se constató que algunas incluso no habían iniciado. Aún así se iniciaron los trámites administrativos tendientes a lograr el pago, por parte de la municipalidad. Todo ello con el conocimiento y consentimiento de la intendenta municipal, María Eugenia Martini.
En el caso de la ex intendenta “aún sabiendo que el estado certificado de las viviendas no era aquél que en realidad detentaban, y a fin de generar una ventaja patrimonial a las empresas cuyos referentes también fueron imputados en esta audiencia”; pagó porcentajes excedidos a lo que estaba mencionado en la licitación. Ello asumiendo que tenía conocimiento del acuerdo celebrado con Nación que ella misma había suscripto, con todas obligaciones que aquél ponía a su cargo y de los contratos celebrados con las empresas, también firmados por ella. Por último dispuso dinero que estaba destinado a obras que resultaban de importancia social y económica por las expectativas que generó el desarrollo de la obra en la comunidad.
En el caso particular de la ex-intendente, los fiscales agregaron que por su experiencia como funcionaria pública y su aptitud profesional, no podía desconocer cuál era el estado real de las viviendas. Generó de este modo un perjuicio patrimonial al erario público municipal y a los intereses que le fueran confiados.
En síntesis, en relación al delito de fraude en perjuicio a la administración pública y administración infiel o fraudulenta, según la Fiscalía, el perjuicio ocasionado al erario público municipal por parte de la ex-intendente resultó, actualizado a julio de 2023, de la suma de $ 1.312.371.905,99.
En lo atinente a los delitos de peculado que se le atribuye, el monto que retiró por fuera de la esfera de custodia de la autoridad municipal resultó de $115.036.721,18. Fondos que no fueron destinados a su fin específico ni restituídos al Estado nacional, mediante las maniobras mencionadas. Esas sustracciones quedaron consumadas al momento en que autorizó las transferencias individualizadas en dichas operaciones. De ese modo, quebrantó la esfera de administración y custodia sobre esos caudales, la cual le había sido confiada en razón de su cargo y mediante lo establecido en los convenios celebrados con el Estado nacional.
La calificación legal se corresponde con lo dispuesto por el art. 174, inciso 5°, en función del art. 173, inciso 7°del Código Penal, en concurso real con el delito de peculado -tres hechos-, de conformidad a lo dispuesto en el art. 261 del Código Penal, en calidad de autora (art. 45 y 55 del Código Penal).
En el caso de los funcionarios y empresarios, tanto para la formulación y la reformulación, se endilga el delito de fraude en perjuicio de la administración pública y administración fraudulenta, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 174, inciso 5°, en función del art. 173, inciso 7°del Código Penal -administración infiel o fraudulenta-, en calidad de partícipes necesarios (arts. 45 del Código Penal).
La fiscalía describió la profusa evidencia que obra en el legajo, entre ella documentación, registros bancarios, informes de oitel, pliegos de bases y condiciones de licitaciones públicas, informes, testimoniales, pericias caligráficas.
Cada uno de los imputados en el marco de esta audiencia, hizo uso de la palabra. En primer lugar, luego de que su abogado particular rechazó la formulación de cargos, la ex intendente se expresó en referencia a su inocencia en esta causa. A su turno los empresarios brindaron su versión de los hechos y sus letrados rechazaron la formulación de cargos; al igual que en el caso del funcionario incorporado al legajo en el día de hoy.
El Juez de Garantías interviniente tuvo por formulados los cargos en el caso del funcionario y otorgó cuatro meses para llevar adelante la investigación respecto de él. Respecto de la ex intendente y de los empresarios admitió la reformulación de cargos. En el plazo legal, se presentará el control de acusación de este legajo.
“Todavía no puedo saber con claridad de qué se me acusa”
“Después de siete años, todavía no puedo saber con claridad de qué se me acusa, y la fiscalía hasta hoy sigue pidiendo prórrogas y reformulando los cargos”, señaló Martini durante su alocución.
Transcurrido un año de la segunda prórroga otorgada para continuar con la investigación (la primera, en 2020, había sido por 6 meses), el Ministerio Público Fiscal resolvió convocar a una audiencia este martes pera reformular cargos contra la ex intendenta, hoy legisladora y presidenta del bloque legislativo del Frente de Todos, María Eugenia Martini, abandonando la imputación inicial por uso de documento público falso, en alusión a los certificados de obra cuyas firmas los fiscales presupusieron apócrifas.
La nueva figura en la que se encuadra a Martini es la de peculado. Además suma al expediente al ex inspector municipal de obra, Alfredo Milano, quien tuvo a su cargo el seguimiento técnico del programa Techo Digno.
La reformulación sucede el mismo día en que vence la etapa de investigación preparatoria de y que en consecuencia la causa se extinga por falta de sustento a las primeras acusaciones.
El vínculo de Martini con el programa Techo Digno, refiere a los desembolsos sucedidos su intendencia, a partir de 2014. Luego, el Gobierno de Mauricio Macri suspendió el envío de remesas, y el programa concluyó con la entrega de las viviendas, pero financiadas por la provincia de Río Negro.
En 2017 el juez Claudio Bonadío inició la causa que abarcó distintas provincias, aunque luego la abandonó sin consecuencias penales y giró los expedientes a las respectivas jurisdicciones.
Transcurridos siete años, Río Negro es la única provincia que todavía continúa con la investigación.
En 2019 el Procurador General, Jorge Crespo, creó un grupo especial de fiscales para avanzar en las distintas circunscripciones en el proceso Penal que, después de más de un lustro, aún se encuentra en su primera instancia, tras sucesivas prórrogas que concluyen ahora con renovadas imputaciones.
“Por motivos que a estas alturas ya no parecen ser judiciales la causa contra mí, junto a otros jefes comunales y empresarios, se extiende en el tiempo, con prórrogas sucesivas, imputaciones que no se prueban, nuevas imputaciones, nuevas prórrogas, y ya han transcurrido siete años sin que quienes me acusan hayan podido mostrar nada que confirme ninguna sospecha de fraude o desmanejo de un solo centavo destinado al proyecto”, señaló Martini.
“Hace un año teníamos la ilusión de que por fin la causa avanzara, nos permitiera conocer las imputaciones, ver las pruebas y tener la oportunidad de responder. Sin embargo no hubo pruebas y la imputación se cayó sola, pero entonces, tras la prórroga, ahora la fiscalía presenta nuevos actores en el expediente y nuevas acusaciones, y el ciclo vuelve a comenzar una vez más”, agregó.
“El desgaste personal y familiar ha sido enorme”, describió Martini, “durante años fui sospechada y maltratada públicamente, y una se pregunta si habiendo estado siempre a Derecho, habiendo comparecido cada vez que se me reclamó y habiendo respondido puntualmente con la documentación en la mano, todavía se puede esperar justicia de un proceso que interminablemente se extiende y se renueva en el tiempo”.
“Tal es así que ni siquiera puedo defenderme debidamente, porque después de siete años en la causa, todavía no puedo saber con claridad de qué se me acusa, y la fiscalía hasta hoy sigue pidiendo prórrogas y reformulando los cargos”, subrayó.
“Mi vida sigue siendo materialmente la misma. Me fui de la intendencia tal como llegué. Sigo viviendo en la misma casa, en el mismo barrio, con el mismo sueldo que me da mi profesión”.
Finalmente Martini recordó que “fui la primera en presentarme espontáneamente ante el ex juez Claudio Bonadío para aportar toda la documentación que acreditaba lo actuado, tan pronto como comenzó esta causa”.
Y mencionó que “Todos los organismos de control dispusieron en su momento de la documentación pertinente. No hubo ninguna objeción. Realizaron el seguimiento de rigor y aprobaron el desarrollo de los contratos referidos al Plan Techo Digno, entre ellos, el Tribunal municipal de Contralor que aprobó todo lo actuado. Esto que digo es público y cualquiera puede comprobarlo”.
Sebastián Arrondo, a carga de la defensa de Martini, explicó que “el acto de reformulación de cargos, es un acto en el que no se discute la prueba, y en consecuencia es muy limitada la defensa que se puede ejercer”; a su juicio, “el fiscal está aprovechando la provisoriedad del acto para hacer la reformulación y de tal modo afecta el debido proceso y el derecho a la debida defensa”.
Con eso, adelantó, el próximo paso será hacer una “reserva de impugnación” con la intención de que “un juez revisor haga lugar a esto que estamos denunciando”.
