El abogado maragato Rodrigo Aurrecochea se refirió a los dichos del intendente José Zara respecto a su persona y las dudas con relación a la ampliación del Parque Industrial mediante un convenio que el Jefe comunal firmó con un privado y que fue aprobado por mayoría simple en el Concejo Deliberante, aunque con fuertes críticas y dudas respecto a su legalidad.
“Zara se tendrá que preocupar por su futuro, porque desde lo jurídico está mal asesorado”, dijo Aurrecochea luego que el intendente dijera que “si tiene algún inconveniente que se presente en la Justicia”.
«La verdad que me llama la atención la frivolidad del Intendente sobre el tema de la ampliación del parque industrial” señaló y añadió que “en mí rol como abogado, como vecino de Patagones, preocupado por mi ciudad, sólo me interesa que se cumplan las normas, que se custodien los intereses de los vecinos y vecinas de Patagones, que las cosas se hagan a la luz del día. Diga lo que diga el Intendente no me va a callar, no me interesa hacer política, no quiero que se violenten las normas. Que se despejen todas las dudas, por eso me presentaré ante el Fiscal a denunciar al Intendente y todos los que intervinieron».
«Imagínense el negoción del que estamos hablando, con una figura rebuscada, la donación con cargo, que para mí es donación simulada, un privado logra en el mismo momento de la firma que le autorice la zona como industrial y comercial, le llevan la luz, el gas, agua, abren calles, le hacen los lotes, a él solo le queda poner los carteles de «en venta» y hacer una diferencia descomunal»”, subrayó.
Más adelante indicó que «más allá del negocio, que si fuera legítimo lo felicitaría , lo que me preocupa es lo caro que le va a salir a Patagones, en 180 días el Intendente se comprometió a llevar todos los servicios cuando sabemos que aún en el actual Parque Industrial faltan servicios».
El letrado informó finalmente que envió cartas explicando la situación al Fiscal de Estado, al Ministerio de Gobierno, al Tribunal de Cuentas y está evaluando presentar una denuncia penal por administración fraudulenta e, incluso, asociación ilícita. Lo mismo que la posibilidad de declarar inconstitucional la Ordenanza 3407.
