La fiscalía formuló cargos y pidió la inhibición general de bienes de cuatro personas sospechadas de haber cometido el delito de “administración fraudulenta” en perjuicio del Colegio Médico de Villa Regina. El juez de Garantías interviniente dará a conocer su resolución el viernes 24 de mayo.
La fiscal del caso describió el hecho investigado de la siguiente manera: “habría sucedido entre enero de 2020 a noviembre del 2021 en el Colegio Médico de esa localidad. Cuando funcionarios y una empleada, habrían desviado sistemáticamente fondos reales provenientes de PAMI correspondientes a asociados prestadores -aún no determinados en cantidad- presentando liquidaciones por un monto inferior. Esa diferencia la habrían desviado a registros de asociados paralelos creados por las personas señaladas”.
“Luego, se habrían confeccionado cheques al portador, rubricados por quien era el presidente y el secretario de finanzas de la institución, que no habrían sido entregados al asociado correspondiente sino a terceros (cobrados por estos) o utilizados en negocios jurídicos ajenos al objeto social del Colegio”, agregó la fiscalía.
Asimismo, continuó la fiscalía, “los miembros de la Comisión Directiva, en incumplimiento de lo prescripto por el Artículo 18 del Estatuto Legal del Colegio de Médicos, no habrían dado cumplimiento en debido tiempo y forma a la confección y aprobación de los balances, cuestión que había generado que la asociación se encontrara en situación irregular frente a la Inspeccion General de Personas Juridicas de la Provincia de Rio Negro”.
“Esta acción habría imposibilitado convocar a elecciones periódicas, evitando el cambio de autoridades, y así habrían logrado ocultar la maniobra, que se estima habría generando un perjuicio estimado a 12 millones de pesos, tanto a miembros asociados como al Colegio Médico”.
Entre la evidencia enumerada para esta instancia de formulación de cargos, el Ministerio Público Fiscal enunció la denuncia penal, copias de cheques con su numeración, informes de bancos, liquidación e informe de la obra social PAMI, informe de auditoría interna, entrevistas varias, estatuto, actas de asambleas.
La calificación legal esgrimida es la de “administración fraudulenta” en calidad de co-autores, según los Artículos 45 y 173 Inciso 7° del Código Penal.
Fiscalía y querella solicitaron además la declaración de asunto complejo de la causa por “las características y naturaleza del hecho que se investiga, el elevado número de imputados, que por el momento son cuatro, la pluralidad de víctimas, entre ellos el Colegio Médico como institución pero también los profesionales médicos”, explicó la fiscal del caso.
También se pidió como medida cautelar la “inhibición general de bienes de las cuatro personas mencionadas en el hecho investigado”.
Por su parte, las defensas que son cuatro distintas para cada uno de las personas, entre ellas la penal pública, se opusieron al pedido de causa compleja como también a la cautelar.
Finalmente, el juez de Garantías interviniente declaró un cuarto intermedio y se fijó una nueva audiencia para el viernes 24 de mayo a las 10:30.
