Esta mañana el Ministerio Público Fiscal avanzó con audiencias de formulación de cargos a intendentes y empresarios de la construcción que tuvieron intervención en el programa nacional “Techo Digno”. El mismo estaba destinado a la ejecución de viviendas y comenzó a implementarse en el territorio provincial a partir del año 2013.
El ex intendente de la localidad de Campo Grande, Pedro Dantas y el titular de una empresa constructora fueron las personas imputadas en el día de la fecha.
El relato de los hechos realizado por el Ministerio Público Fiscal detalla que cada uno de los mandatarios locales firmó el acuerdo con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal.
Dicho convenio delimitaba que, en el marco de la implementación del mencionado programa, los intendentes debían “respetar documentación y especificaciones técnicas como declaración jurada, solventar diferencias, abonar mensualmente a la empresa contra certificación de avance de obra emitida por el propio Municipio (…) y efectuar la rendición de cuentas para presentarla mensualmente a la Subsecretaría de forma detallada y debidamente documentada que demuestre el uso dado a los fondos”.
El acuerdo los obligaba además a “restituir de forma inmediata los montos no rendidos al Estado nacional”. También “debían poner a disposición la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encontraban reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos lo requieran”.
En todos los casos, enfatizó la Fiscalía, los mandatarios locales, que tenían “a su cargo la administración y el cuidado de los fondos correspondientes a dicho acuerdo desde su ingreso a las arcas municipales, violaron los deberes que les eran impuestos en razón de su cargo y en virtud del citado Convenio y perjudicaron de esta manera los intereses confiados”.
Además, los intendentes ordenaron el pago de certificaciones de obra, sabiendo que no reflejaban el avance real de lo que se estaba construyendo, beneficiando indebidamente a diversas firmas constructoras, cuyos referentes también forman parte de los imputados por su calidad de partícipes necesarios de los mencionados delitos.
El equipo fiscal agregó en este sentido que “las operatorias referidas se concretaron mediante certificaciones de avance de obra falsas, que eran presupuesto necesario para destrabar los desembolsos de dinero por parte de la Subsecretaría federal mencionada causando perjuicio al erario público”.
Los abogados particulares que representaron al ex intendente de Campo Grande y a un empresario de la construcciones solicitaron a la jueza de garantías interviniente que los cargos no debían tenerse por formulados.
Sin perjuicio de lo anterior, la magistrada aceptó la acusación los términos expuestos por los reprensentes de la fiscalía, entendiendo que se trata de una instancia incial de la investigación y que es necesario habilitar la instancia preliminar de producción de evidencias prevista en el Código Procesal Penal.
Los delitos imputados al ex jefe comunal son los de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y uso de documento público falso en carácter de autor, mientras que para el titular de la constructora fueron los mismos pero a título de partícipe necesario.
