Diego Sachetti, abogado particular de varias de las personas imputadas por las tomas en Viedma, contó sobre la audiencia que se realizó el día lunes y si puede llegar a darse la posibilidad de desalojo.
Sachetti aclaró también que la articulación de la defensa y demás instancias se da a través de la CTA y ATE que a partir de ahí surge el acompañamiento.
«El día lunes, por una de las causas se hizo una audiencia de medidas cautelares donde la fiscalía pidió el desalojo y respecto a tres personas y el juez accedió a otorgarle esa situación. Quedamos en la posibilidad de decidir con los imputados si se procedía o no se procedía a hacer efectivo ese desalojo y si vamos a recurrir, no es una decisión que esté tomada y básicamente esa es la situación».
Vale aclarar que en el transcurso de esta 72 horas justamente esta la instancia de apelación pero no se puede producir ningún tipo desalojo hago la pregunta porque esta madrugada había rumores de que la policía había estado intentando desalojar y éste no fue así.
«Las instrucciones del juez fueron bien precisas, lo que planteó fue que dentro de las 72 horas de quedar firme la resolución que él dictaba, recién ahí se iba a producir el desalojo. Esto implica que a partir momento que hicimos la reserva de impugnar que fue el lunes hay cinco días para poder hacer esa impugnación luego de lo cual quedaría firmes y sino se hiciera quedaría dentro del plazo de las 72 horas dentro del cual sería el desalojo».
«Estamos tratando de generar un enfoque y la posición nuestra tiene que ver con que los problemas sociales no se resuelven con el sistema penal o sea entendemos que hay una una puja entre derechos y no debiera ser así, debería poder armonizarse. Creemos claramente que tiene que haber una defensa de la propiedad privada y nadie está en contra de que eso asi ocurra, es un derecho garantizado constitucionalmente y lo que además planteamos es que el derecho a la vivienda digna también está garantizada constitucionalmente y que no puede, no porque se nos ocurre a nosotros sino porque son pautas que están establecidas como estándares internacionales de derechos humanos, no pueden existir desalojos forzosos en los términos de que lo tiene conceptualizados el comité del pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales en relación a que constituye una violación a los derechos humanos el hecho de que haya un desalojo donde el estado se desinterese respecto del destino de esas personas», explicó Sachetti.
«Lo que se plantea es, si por un lado tiene que existir una defensa del derecho a la propiedad por otro lado también es un derecho que tiene la misma jerarquía constitucional el del acceso a la vivienda digna. No puede ser que el estado a través del poder judicial plante la priorización de uno diciendo tienen que retirarse de ese lugar porque no son titulares del dominio porque además el titular del dominio lo estaba reclamando y eso es razonable y correcto, pero no puede por otro lado, siendo el Estado el único garante de todos los derechos constitucionales no puede desentenderse del destino de esas personas porque también es responsabilidad internacional cuando el Estado teniendo que velar, teniendo que facilitará el acceso a la vivienda digna no lo hace y además en este caso se desentiende de las consecuencias entonces el problema es mucho más complejo que lo que sistema penal prevé es mucho más amplio y lo que estamos tratando de plantear es que esto no es una cuestión de criminalización de la pobreza sino que es una cuestión que tiene que ver con un problema social en donde todos los estamentos del Estado tiene que intervenir para resolverlo porque además no hay manera de que esto se haya generado si no hubo previamente una inacción del Estado en los accesos, nadie voluntariamente se somete a vivir en condiciones de absoluta indignidad sin ningún tipo de acceso a ningún tipo de servicio público y además teniendo problemas con el Ministerio Público por deporte, y la gente lo hace porque no tiene otra alternativa o porque mentalmente como también tenemos algunos casos en donde han sido instalados con con promesas de que esa situación luego iba a mejorar», remarcó el abogado.
«No entender esto para nosotros es un problema jurídico también porque implica la coexistencia de distintos derechos que tienen el mismo nivel constitucional, la misma protección constitucional, pero sin embargo se prioriza unos sobre otros es un poco el enfoque jurídico que estamos dando a esta cuestión».
