«Vengo a sostener la acusación contra la totalidad de los imputados presentes», dijo el Fiscal Jefe, Hernán Trejo, al momento de comenzar sus alegatos contra los integrantes del Gabinete provincial entre los años 2004 y 2011, acusados de diversos delitos vinculados con la administración de fondos públicos. Además requirió que se remita la auditoría efectuada por el Tribunal de Cuentas al órgano correspondiente para iniciar el recupero de los montos.
El representante del Ministerio Público Fiscal, pidió penas de prisión efectiva (cuatro años) para quienes estuvieron al frente del Ministerio de Coordinación/ Secretaría General de la Gobernación, César Barbeito y Francisco Gonzalez; mientras para el resto de los ex Ministros y el ex Tesorero General (Diego Larreguy, Juan Acattino, Alfredo Pega, Cristina Uría, Omar Contreras y José Ongaro) requirió tres años de prisión condicional. Para quienes ocupaban cargos de segunda línea (Sergio Pendas y Anibal Hernández) solicitó dos años de prisión en suspenso.
A los dos primeros los acusó del delito de peculado en calidad de coautores y al resto de partícipes necesarios del mismo; para todos ellos pidió inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Finalmente requirió que al ex Contador General, Gustavo Picchi se le imponga la multa máxima de dinero prevista por considerarlo autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y se lo inhabilite por el término de un año para ejercer cargos públicos.
Según Trejo, “los innumerables testigos que declararon en las cuatro audiencias de este debate ratificaron la totalidad de los hechos”. Destacó que hubo claridad administrativa en el proceso de pago de adicionales, “hasta el cobro del cheque” por parte de los Ministros.
El mecanismo, explicó, comenzó con el Decreto N° 2, suscripto por el entonces Gobernador Saiz en el año 2004, que creaba “la partida presupuestaria, pero no ordenaba ni establecía la forma de distribución, ni cobro”.
Al momento de ratificar que el “suplemento por dedicación exclusiva” tenía “carácter de salario”, explicó el Fiscal que “las planillas por las cuales se determinaban los montos carecían de parámetros claros y no se controló que efectivamente se cobraran. Los recibos entregados eran informales y escapaban al control de la administración”.
La “discrecionalidad” en la gestión de estos fondos fue ejemplificada por Trejo cuando destacó que “no se pudo establecer cuánto dinero y por qué lo recibió cada uno de los beneficiarios” y cuál era la razón por la que, ante cargos iguales, la percepción era diferente. “El marco de discrecionalidad pasa a ser arbitrario” dijo, fundando su aseveración con lo que consideró prueba fundamental como los expedientes administrativos, el informe de auditoría del Tribunal de Cuentas y la posterior pericia contable que lo sostuvo.
“No debe haber un gasto fuera de presupuesto y los mismos deben estar explicitados por rubros que especifiquen su destino. Los Ministros sólo pueden percibir de sueldo lo que determine la ley y no hay acto administrativo alguno que haya reglamentado este adicional”, fundamentó.
Trejo dijo que a partir del 2005 se hizo más selectiva la distribución del dinero y, al explicar cómo funcionaba el circuito, recordó que en 2010 se bancarizó el procedimiento de estos “adicionales que suplementaban los ingresos y que deberían haber sido reglamentados”.
Al momento de contraponerse a lo que – a su entender – alegaría la defensa, adelantó que la similitud con los gastos reservados de la Legislatura no es tal, ya que estos últimos eran mencionados en el presupuesto como “gastos por representacíón”, es decir estaban destinados al funcionamiento (suplantaban viáticos, combustible y gastos de locación).
Finalmente, al momento de fundamentar la calificación legal, destacó que este es un delito “de mera conducta, no de resultado” y que el peculado implica “sustraer caudales o efectos cuya administración fue otorgada en función del cargo”.
Los alegatos de la Defensa se sucedieron en las tres horas siguientes y todos requirieron la absolución de los once imputados juzgados.
El primero en llevarlo adelante fue Damián Torres en representación de César Barbeito, quien explicó detalladamente cómo era el proceso administrativo, se preguntó por qué el ex Gobernador Miguel Saiz no estaba entre los imputados y abogó por la legalidad del suplemento. “Intentaron traer a juicio que esos fondos se los quedaban en el bolsillo los imputados y esto no fue así”, enfatizó, al tiempo que destacó que la creación del adicional estuvo reglamentada y motivada y que la distribución “no era discrecional, sino reglada”.
Oscar Pandolfi recordó el inicio de la causa y volvió a comparar estos adicionales con los gastos reservados de la Legislatura y los que percibía el Poder Judicial. “Si acá hay delito, lo cometió quien firmó el decreto”, expresó.
En similares líneas se expresaron Cecilia Cardella y Juan Carlos Chirinos en representación, en calidad de codefensores, de Gustavo Picchi, y Cristina Uría y Alfredo Pega respectivamente.
Finalmente Pedro Vega reiteró que existe una ley que autoriza a los poderes del Estado a crear adicionales a partir de la cual se dictó un decreto que cada uno de los meses tenia su proceso administrativo. Defendió especialmente a Sergio Pendas y José Ongaro y sostuvo que “lo que aquí se debate no es delito de ninguna manera”, ya que no pudo acreditarse “lesión al patrimonio del Estado, toda vez que se cumplió con el objetivo del gasto aprobado”.
