La difusión pública de un caso en Roca, derivó en una sucesión de experiencias relatadas por otras mujeres, ocurridas en instituciones públicas y privadas de Río Negro.
El bloque del Frente de Todos requirió informes al Ministerio de Salud, luego de la denuncia realizada por un joven de General Roca a raíz de una grave situación de violencia obstétrica que sufrió en el Hospital López Lima de esa localidad. A partir de la difusión pública del caso, otras mujeres rionegrinas visibilizaron en redes sociales sus experiencias en las que relatan maltratos físicos y psicológicos, falta de información y abandono por parte de profesionales de instituciones públicas y privadas de la región.
La bancada pidió conocer cuál es el procedimiento que se aplica para las denuncias por violencia obstétrica, en el marco de la Ley provincial que adhiere a la Nacional 26.485, como también si se han realizado las revisiones y evaluaciones periódicas de los distintos centros de salud. Fundamentalmente, la intención es saber si se implementan instancias de formación y capacitación al personal de salud sobre violencia por razones de género y violencia obstétrica y si existe articulación con la CONSAVIG (Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género).
Ese organismo nacional dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuenta con vías de comunicación ágiles para la intervención ante denuncias por esta causa, a través de la página web https://www.argentina.gob.ar/justicia/violencia-de-genero-consavig/denuncia-de-la-violencia-obstetrica.
La ley 26485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar las violencias hacia las mujeres, refiere que la violencia obstétrica tiene que ver con prácticas y conductas realizadas por profesionales de la salud durante el embarazo, el parto, el puerperio y el cuidado de la recién nacida o nacido, en el ámbito público o privado, que por acción u omisión sean violentas o no consensuadas.
La invisibilidad de estas prácticas no obedece a bajas tasas de incidencia. Según el 1° Índice Nacional de Violencias Machistas del colectivo Ni Una menos, el 77% de las mujeres entrevistadas sufrió al menos una situación de violencia obstétrica. En la provincia de Rio Negro el índice supera a la media nacional alcanzando el 84%.
“La prevención de la violencia obstétrica no tiene un lugar de centralidad en las políticas públicas rionegrinas. En el presupuesto provincial presentado en diciembre del 2021, no hay definiciones explícitas en este sentido y no se conocen registros ni estadísticas sobre la problemática”, expresó la presidenta del bloque, María Eugenia Martini.
El bloque consideró “imprescindible que se profundicen políticas públicas con perspectiva de género en el sistema de salud provincial, que reconozcan y hagan efectivos los derechos explicitados en los marcos normativos que garantizan los Derechos Humanos de las mujeres y personas LGTBI+. Para ello, debe aplicarse la Ley Nacional de Parto Respetado N° 25929 y la Ley Provincial N° 3263 de derechos del parto”.
La violencia obstétrica constituye una discriminación de género y representa una violación de los derechos humanos. “Estas praxis deshumanizantes constituyen una problemática que debe ser atendida por la Salud Pública. Se trata de un imperativo ético que tiene que ver con lograr sociedades más justas y equitativas, libres de todo tipo de violencias”, sostuvo Martini.
Las denuncias públicas conocidas en los últimos días sobre experiencias traumáticas y dolorosas que han atravesado mujeres rionegrinas dejan en evidencia la falta de políticas públicas al respecto, la ineficacia del Estado en la atención y contención de las personas gestantes y la necesidad de capacitar y formar a profesionales y trabajadores de la salud para erradicar esas prácticas violentas.
