La Policía Federal llevó a cabo una serie de allanamientos en el Bajo Flores, que resultaron en la detención de siete hombres, la mayoría de ellos de nacionalidad surcoreana, por su presunta participación en una red de trata de personas con fines de explotación sexual.
Durante los operativos, se logró rescatar a un grupo de 30 mujeres, entre las cuales se encontraba una menor de 17 años, que eran víctimas de esta actividad ilegal.
Según informaron fuentes oficiales a Télam, los detenidos estarían vinculados a la denominada «Banda del Karaoke», la cual organizaba fiestas clandestinas con fines de explotación sexual en distintos locales y domicilios de la ciudad de Buenos Aires. Estos individuos habrían sido los responsables de coordinar estas actividades ilegales.
Los allanamientos fueron realizados en el marco de una investigación llevada a cabo por la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional Federal 12, a cargo de Alejandra Mangano, y fueron avalados por la jueza federal María Romilda Servini.
Como resultado de estos operativos, se logró desarticular esta organización criminal, que supuestamente operaba dos locales de karaoke pertenecientes a un ciudadano coreano, además de estar involucrada en la explotación sexual de mujeres de diversas nacionalidades, como venezolanas y brasileñas, y en el lavado de activos.
Según los investigadores, el presunto cabecilla detenido resultó ser propietario de un comercio de venta de bebidas alcohólicas en el Bajo Flores y dos establecimientos de karaoke, donde se llevaba a cabo la explotación sexual de las mujeres. Se constató la presencia de una menor de 17 años, quien estaba subordinada a una encargada, lo que generó la adopción de medidas urgentes por parte de las autoridades.
En el marco de estos operativos, participaron funcionarios de distintos entes gubernamentales, incluyendo el Programa de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata, la Dirección Nacional de Migraciones, AFIP (Protección de trabajo y Habilitaciones y permisos), Consejo de la niñez y Adolescencia, y la Agencia Gubernamental de Control de la ciudad.
Tras realizar entrevistas con las víctimas, se constataron indicios del delito de explotación sexual, así como falta total de higiene y seguridad en los establecimientos allanados, lo que motivó la clausura inmediata de los mismos. Además, se ordenó la detención e incomunicación de los responsables de cada inmueble, quienes fueron trasladados al Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina y quedaron a disposición de la Justicia Federal.
