Caso Atahualpa: la impunidad tiene precio en Viedma


El caso del homicidio de Atahualpa Martínez Vinaya en Viedma ha dejado en evidencia la ineptitud del Poder Judicial para desempeñar su tarea. Después de quince años de impunidad, dos juicios y dos absoluciones, la familia del joven ha sido finalmente indemnizada por los daños ocasionados por el Estado.

El fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Primera Circunscripción, que respalda los planteos del abogado que representa a la familia, sostiene que hubo «una investigación irregular» y que los familiares se vieron obligados a intentar «torcer una actividad deficiente -de los funcionarios del Poder Judicial-, dejando de ocuparse del propio duelo e inclusive de lograr seguir adelante en el diario vivir, lo que termina agravando y recrudeciendo las angustias derivadas de la pérdida sufrida».

La sentencia establece que la familia debe ser resarcida por soportar la «privación o disminución de bienes no económicos que tienen un valor singular para la persona humana, como son la paz, la tranquilidad espiritual, la libertad, el honor, la integridad física y los más sagrados afectos y sentimientos». La cifra que se ha fijado para la indemnización es de 6 millones 700 mil pesos, que se duplicaría teniendo en cuenta el paso del tiempo y la devaluación de la moneda nacional.

La Fiscalía de Estado de Río Negro se defendió de la demanda alegando que «no hay daño jurídico» porque el sistema no prevé derecho a la indemnización de los familiares de la víctima de un crimen si el hecho no pudo ser esclarecido. Sin embargo, los jueces civiles evaluaron que hubo un «descarte voluntario o negligente» de pruebas que podrían haber permitido el esclarecimiento del caso si se hubiesen tenido en cuenta. Esas pruebas fueron analizadas por «entidades especializadas o encomendadas a su precisa valoración como una irregularidad, un quiebre en la búsqueda de la verdad».

El fallo de la Cámara subraya que «el empuje, vigencia y búsqueda de la verdad que omitía desarrollar el Poder Judicial fue realizado por familiares de la víctima». Todo el proceso modificó la vida familiar del joven Atahualpa, desgastó salud y vida de aquellos, los afectó más allá de lo debido.

La indemnización otorgada se dirige a restañar -dentro de lo humanamente posible- la lesión en los sentimientos, la inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas, las angustias, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida por quien se asume violentado en derechos inherentes a la personalidad.

Este caso ha dejado al descubierto una serie de problemas estructurales en el Poder Judicial y ha generado una profunda desconfianza en la sociedad rionegrina.