El caso del homicidio de Atahualpa Martínez Vinaya en Viedma ha dejado en evidencia la ineptitud del Poder Judicial para desempeñar su tarea. Después de quince años de impunidad, dos juicios y dos absoluciones, la familia del joven ha sido finalmente indemnizada por los daños ocasionados por el Estado.
El fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Primera Circunscripción, que respalda los planteos del abogado que representa a la familia, sostiene que hubo “una investigación irregular” y que los familiares se vieron obligados a intentar “torcer una actividad deficiente -de los funcionarios del Poder Judicial-, dejando de ocuparse del propio duelo e inclusive de lograr seguir adelante en el diario vivir, lo que termina agravando y recrudeciendo las angustias derivadas de la pérdida sufrida”.
La sentencia establece que la familia debe ser resarcida por soportar la “privación o disminución de bienes no económicos que tienen un valor singular para la persona humana, como son la paz, la tranquilidad espiritual, la libertad, el honor, la integridad física y los más sagrados afectos y sentimientos”. La cifra que se ha fijado para la indemnización es de 6 millones 700 mil pesos, que se duplicaría teniendo en cuenta el paso del tiempo y la devaluación de la moneda nacional.
La Fiscalía de Estado de Río Negro se defendió de la demanda alegando que “no hay daño jurídico” porque el sistema no prevé derecho a la indemnización de los familiares de la víctima de un crimen si el hecho no pudo ser esclarecido. Sin embargo, los jueces civiles evaluaron que hubo un “descarte voluntario o negligente” de pruebas que podrían haber permitido el esclarecimiento del caso si se hubiesen tenido en cuenta. Esas pruebas fueron analizadas por “entidades especializadas o encomendadas a su precisa valoración como una irregularidad, un quiebre en la búsqueda de la verdad”.
El fallo de la Cámara subraya que “el empuje, vigencia y búsqueda de la verdad que omitía desarrollar el Poder Judicial fue realizado por familiares de la víctima”. Todo el proceso modificó la vida familiar del joven Atahualpa, desgastó salud y vida de aquellos, los afectó más allá de lo debido.
La indemnización otorgada se dirige a restañar -dentro de lo humanamente posible- la lesión en los sentimientos, la inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas, las angustias, miedos, padecimientos y tristeza propios de la situación vivida por quien se asume violentado en derechos inherentes a la personalidad.
Este caso ha dejado al descubierto una serie de problemas estructurales en el Poder Judicial y ha generado una profunda desconfianza en la sociedad rionegrina.
