El por el hecho ocurrido en agosto de este año, y en el que resultó muerto Hernán Olivera, tras una intensa persecución.Fiscalía, querella y defensa se pusieron de acuerdo en la condena. Ambos hombres no irán presos, y podrán seguir trabajando en el área.
Los dos policías de la Brigada Rural imputados por el crimen de Hernán Diego Olivera, ocurrido el 17 agosto último tras una persecución que finalizó en un campo entre Viedma y San Antonio, fueron condenados a penas de ejecución condicional, por lo que no serán detenidos.
Wilfredo Cabrera, de 32 años, fue hallado responsable de haber efectuado con su arma reglamentaria el disparo en la cabeza que terminó con la vida de la víctima. Le impusieron 2 años y 6 meses de prisión en suspenso, más cinco años de inhabilitación especial para ejercer funciones de prevención.
Lo culparon por “homicidio culposo”, que implica no tener intenciones de matar, por actuar “en forma negligente, imprudente e inobservando la normativa vigente”.
Mientras que Laureano Sayhueque recibió dos años de cárcel en suspenso y cuatro de inhabilitación para realizar trabajos de prevención por el delito de “encubrimiento”, pues se autolesionó con un cuchillo para simular un ataque de Olivera, en un intento por beneficiar a su compañero de causa.
La pena para ambos uniformados surgió de un “acuerdo pleno” entre Fiscalía, Defensa y Querella, que derivó en un juicio abreviado que se realizó el último miércoles por videoconferencia.
Los policías habían sido acusados inicialmente por “Homicidio agravado” dada su pertenencia a la fuerza de seguridad.
Sin embargo, las pruebas periciales reunidas en el transcurso de la investigación permitieron recalificar la imputación por las menos gravosas, lo que se formalizó la semana anterior con la anuencia de las partes.
En la audiencia final, el juez Marcelo Chironi avaló el acuerdo de juicio abreviado y la sanción propuesta, que contempló que los efectivos admitieran haber cometido los hechos atribuidos y aceptasen las sanciones.
Asimismo, se destacó que la sentencia al incluir la inhabilitación para realizar funciones de prevención, por lo que podrían seguir cumpliendo labores administrativas en la institución.
Como atenuante, se valoró que carecen de antecedentes.
Lo bajaron con vida
El fiscal Jefe Hernán Trejo relató cómo sucedió el episodio de acuerdo a los datos obtenidos en la pesquisa, que contó con aportes periciales de profesionales del Ministerio Público Fiscal y Gendarmería Nacional.
Un llamado al 911 efectuado por la hermana de la pareja de Olivera alertó que el hombre tenía intenciones de suicidarse y que había iniciado un incendio en la casa en la que vivían, en el barrio IPPV. Aquel día también circuló fuerte la versión de que el hombre había abusado de la hija de su pareja. Era una denuncia de un año atrás, y nada de eso se dijo en el juicio.
Trejo continuó relatando que la policía montó un operativo para dar con Olivera, que había escapado en un Volkswagen Gol hacia San Antonio.
Cabrera y Sayhueque lo persiguieron en un patrullero Ford Ranger por la ruta nacional 3, y en proximidades del ingreso a Pozo Salado ingresaron a un campo, donde se produjo la balacera.
En su relato, el Fiscal Jefe puntualizó que Cabrera, parado del lado del conductor, disparó un balazo que dio en la zona frontal derecha de la cabeza.
Entonces, ambos policías “con el fin de alterar y ocultar el hecho delictivo” precisó Trejo, bajaron el cuerpo “aún con vida de Olivera”, y lo depositaron al costado del Gol.
Allí Cabrera se autolesionó en la zona del abdomen con cuchillo y lo arrojó al lado del cuerpo, para luego comunicarse con sus superiores y transmitirles “el hecho simulado y las circunstancias que no existieron”.
En el lugar los peritos encontraron luego seis vainas servidas, compatibles (tres y tres) con las armas de los uniformados.
Hablaron con la madre
Tanto Trejo, como el abogado querellante, Fabio Igoldi y el defensor de los imputados, Damián Torres, destacaron el “acuerdo pleno” al que arribaron para terminar en el juicio abreviado.
En este sentido, valoraron el encuentro que Cabrera y Sayhueque mantuvieron con la madre de Olivera, a quien le brindaron su versión de los hechos.
“No es común que pase”, sostuvo Igoldi.
“Pocas veces podemos llegar a un entendimiento tan importante. No solo analizó la evidencia colectada en el legajo, sino que nos permitió dar nuestra versión de los hechos en función de las pericias que realizamos”, agregó Torres.
Como sucede en estos casos, tras la instancia Penal se abrirá la Civil, en la que se prevén resarcimientos económicos. Como los condenados forman parte de la Policía y actuaron en funciones, el Estado sería el apuntado para responder.
