Hay enojo ante la presencia del fiscal Guillermo Sacco y el COER el lunes en la toma «Ara San Juan» con maquinaria para desplazar estructuras montadas sobre las tierras. Desde la organización de Barrios Populares aseguran que la toma está en proceso de mediación legal y que pusieron en peligro la vida de varias personas. Responsabilizan a la Municipalidad.
«La Mesa de Barrios Populares denuncia públicamente la presencia del fiscal Guillermo González Sacco por pedido unilateral del propietario junto al grupo de choque denominado COER para amedrentar e interrumpir un proceso de mediación legal que se dio de manera pacífica durante siete meses en el marco del Ministerio de Justicia y Seguridad», expresaron en el comunicado de prensa.
Se responsabiliza a la Municipalidad de Viedma por la demora en el cumplimiento de acuerdos con vecinos/as de los barrios de las intersecciones de Rutas 1 y 3 y exige una acción más activa para consolidar una solución basada en el diálogo y una perspectiva de derechos.
«Hoy, miércoles 28/06, referentes de los Barrios Nueva Vida, 9 de Julio, Ara San Juan y Malvinas Argentinas junto a las organizaciones sociales (MTE – Movimiento de Trabajadores Excluidos, CTA y Wallmapu), quienes integran la Mesa de Barrios Populares de Viedma, repudia el accionar del fiscal Sacco quien se hizo presente junto al Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) y el dueño de las predios ya cedidos, Gerardo Vichich, que puso en riesgo el Acuerdo alcanzado y la vida de vecinos/as presentes ante las situaciones violentas que generaron», afirman.
«En la tarde del lunes 26 siendo las 16 horas aproximadamente se realizó un operativo comandado por el fiscal nombrado quien desconociendo la situación y los acuerdos mantenidos en mesa de mediación, actuó sin cuidado alguno poniendo en riesgo a varios civiles que se encontraban en los predios, entre ellos niños/as, quienes fueron testigos de la destrucción de viviendas/casillas, itakazos al aire y disturbios ante no querer explicar su accionar».
La Mesa de Barrios Populares, el apoderado de los predios cedidos, Gerardo Vichich, y la Municipalidad impulsan desde hace más de siete meses una mesa de mediación comunitaria que resolvió pacíficamente, con acuerdo entre las partes, firmar un acta conjunta.
Producto del trabajo y del relevamiento minucioso ejecutado por el Estado municipal es que se acordó la posesión de lotes cedidos en total acuerdo por el dueño del predio a cada una de las familias que se encuentran viviendo en las tierras.
Este acuerdo se enmarca en un proceso de relocalización donde cada una de las partes tuvo que acceder a compromisos puntuales para que la planificación y urbanización se dé en condiciones posibles, esto es: los y las vecinos/as se comprometieron a dejar las tierras.
El propietario ante la confirmación de la relocalización se comprometió a frenar la persecución y judicialización de las familias y, finalmente, el Estado Municipal como garante de este proceso se comprometió a realizar acciones necesarias para que el proceso de relocalización se garantice ordenada y pacíficamente.
Desde la firma del acuerdo de mediación, el día 22 de mayo de 2023, el municipio cumple parcialmente lo acordado, de lenta e irregular manera, estirando los plazos de un proceso complejo siendo el principal garante del mismo, exponiendo a los/as vecinos/as a situaciones de violencia como la vivida el día lunes.
Ante lo ocurrido en el día lunes, la Mesa de Barrios Populares pide que finalicen los hechos de violencia, se retome el acuerdo firmado y convenido entre las partes y haya un mayor compromiso de parte de la Municipalidad de Viedma para solucionar de manera pacífica a corto plazo los problemas que van surgiendo, arbitrando los medios necesarios para que se cumpla el Acuerdo de Mediación 22/05/23, en el marco del programa de Mediación Comunitaria MARC (Decreto 594/02) que involucra la vida de 250 familias que ya fueron relevadas por el Estado.
La Mesa de Barrios Populares, a su vez, responsabiliza todo tipo de accionar judicial, venga de cualquier tipo de fuerza policial, al Gobierno Provincial y Municipal que deberían demostrar mayor predisposición para la materialización del acuerdo.
