Un adolescente de Bariloche consiguió que la Justicia lo autorice a quitarse el apellido paterno y su segundo nombre, ambos vinculados a su padre biológico, con quien rompió todo vínculo a los 15 años. Alegó una historia de abandono, maltrato y un hecho que lo marcó profundamente: la pérdida de su vacante escolar porque su padre dejó de pagar la cuota.
La jueza de Familia a cargo del caso resolvió hacer lugar al pedido del joven, luego de una audiencia personal, informes forenses y el dictamen favorable de la Defensoría de Menores, que asumió su representación complementaria.
El adolescente, cuya identidad se reserva por cuestiones legales, relató que sus padres se separaron cuando tenía apenas siete años, y que el vínculo con su progenitor fue siempre distante y doloroso. Con el paso del tiempo, dijo, las visitas obligadas se volvieron cada vez más incómodas, hasta que decidió no volver a verlo. Desde entonces, no hubo más contacto.
En su declaración ante la Justicia, afirmó que el apellido paterno le generaba una carga emocional, ya que lo asociaba con la indiferencia, la violencia y la ausencia en momentos clave de su infancia. Aseguró que solo su madre y su entorno materno estuvieron presentes en su crianza, y recordó que, en más de una ocasión, debieron intervenir sus abuelos para cuidarlo.
El punto de quiebre llegó en 2020, cuando su padre dejó de pagar la cuota del colegio. Como consecuencia, perdió la vacante. Desde ese momento, su madre y su pareja asumieron todas las responsabilidades económicas y afectivas. No hubo más reclamos al padre.
Los peritajes que acompañaron la causa reforzaron su solicitud. El informe psicológico indicó que el adolescente comprendía con claridad el alcance de su pedido, no presentaba patología alguna y no estaba influenciado por terceros. El informe social, por su parte, describió una vida estable en su hogar actual y confirmó la desvinculación total con el progenitor desde hacía años.
El padre fue notificado legalmente del proceso, pero no se presentó ni hizo uso de su derecho a defensa.
Al momento de fallar, la magistrada sostuvo que el joven había demostrado contar con la madurez necesaria para decidir sobre su identidad. Aplicó el principio de autonomía progresiva y consideró que, si bien el nombre es en general inmutable, puede ser modificado cuando se acredita un perjuicio para quien lo porta.
De este modo, el fallo ordenó suprimir el apellido paterno y el segundo nombre, elegido por su padre. También ordenó actualizar todos los registros civiles. Desde ahora, el adolescente llevará el nombre que eligió: el que representa su historia, su voluntad y su verdadera pertenencia.
