Durante casi tres décadas, un número de teléfono fijo de Bariloche fue parte central de la identidad comercial de una oficina dedicada a la producción de seguros. Era una herramienta esencial para sostener el vínculo directo con la clientela. Estaba presente en papelería institucional, tarjetas personales, pólizas y documentos.
En tres oportunidades la oficina cambió de dirección física. En cada mudanza, la línea fue trasladada sin problemas. Pero la última solicitud tuvo un resultado distinto. Ese número, activo desde 1996, fue desconectado sin solución alternativa. La persona titular inició el trámite de traslado y recibió visitas técnicas. En el lugar se detectaron fallas estructurales.
La línea quedó fuera de servicio y tuvo un impacto negativo en el desarrollo empresarial. Hubo operaciones canceladas, pérdida de oportunidades, reclamos por correo electrónico y quejas por la falta de respuesta.
En el expediente constan testimonios de clientes, correos con reclamos, informes de peritos y comunicaciones con el ENACOM. La autoridad regulatoria intimó a la empresa a realizar el cambio de domicilio del número y a devolver los cargos facturados sin prestación de servicio. La empresa no lo hizo. La falta de respuesta se mantuvo durante meses y por eso inicio una demanda judicial.
El juez del fuero civil de Bariloche que intervino en el proceso estableció que el servicio contratado encuadraba en una relación de consumo, incluso cuando su uso haya sido profesional. El fallo sostuvo que el hombre no utilizaba la línea como parte de un proceso de comercialización, sino como herramienta para su desarrollo empresarial. Afirmó que “el servicio público de telefonía constituía un presupuesto previo y necesario para desarrollar su actividad”.
La sentencia describió que la empresa Telefónica de Argentina incumplió sus obligaciones contractuales y no lo justificó. Tampoco brindó un reemplazo efectivo. La resolución sostiene que la firma no aportó razones suficientes para eximirse de responsabilidad civil.
La pericia contable confirmó una caída en los ingresos durante el año posterior a la desconexión. Declaraciones testimoniales coincidieron en señalar que las personas no lograban comunicarse, que existieron demoras y quejas, y que algunos clientes dejaron de contratar. Entre los testigos había clientes particulares, asegurados y personal de atención al público.
El magistrado determinó la existencia de daño emergente por los montos cobrados sin contraprestación, lucro cesante por la pérdida de ingresos y daño moral por la angustia generada. También impuso una multa en concepto de daño punitivo. La suma total supera los seis millones de pesos. Se ordenó además que, si el damnificado acepta, se realice el cambio de domicilio de la línea o se le asigne un servicio con el mismo número y condiciones originales.
