La prórroga de un acuerdo entre el STJ y la Defensoría permite, por un lado, continuar con la ampliación de las posibilidades de atención de la Defensoría utilizando ámbitos judiciales en toda la geografía provincial y, por el otro, capacitar a los Juzgados de Paz y Oficinas de Atención a las Personas.
En la firma del convenio, que se realizó en el Superior Tribunal de Justicia, estuvieron presentes el presidente del STJ, Sergio Barotto, el vocal Sergio Ceci y la Defensora del Pueblo Adriana Santagati.
El convenio ya tiene varios años. La Defensoría del Pueblo amplió así las posibilidades de atención en las instalaciones de los Juzgados de Paz y las Oficinas de Atención al Ciudadano.
En la prórroga se consigna que “la Defensora del Pueblo de Río Negro y el Superior Tribunal de Justicia han evaluado como muy satisfactoria la articulación interinstitucional advirtiendo la necesidad de dar continuidad en la relación directa con los organismos”.
De esta forma, el organismo de control continuará con la presencia en los 49 Juzgados de Paz de toda la provincia con un espacio fijo para atender a los ciudadanos que deseen realizar sus consultas o reclamos, cada vez que las autoridades de la Defensoría acuerden con los titulares de los Juzgados la atención en el lugar.
Los espacios cedidos por el Poder Judicial no van a funcionar como receptorias, no obstante en todos ellos se podrán retirar los formularios y sus respectivos sobres con franqueo pago, correspondientes al organismo de control, para formular la queja.
Además, se podrán concretar reuniones virtuales, utilizando las herramientas digitales con que cuentan los Juzgados de Paz y la Defensoría. De esta manera se optimizan recursos financieros y se brinda mayor celeridad.
Mediante el convenio, los trabajadores y trabajadoras de las Oficinas de Atención a las personas y de los Juzgados de Paz con los que cuenta el Poder Judicial, podrán recibir asistencia técnica sobre todas aquellas cuestiones en las que interviene la Defensoría del Pueblo y su accionar concreto. También, tendrán la posibilidad de derivar determinados temas a la Defensoría, siempre que contribuya a “evitar la judicialización de aquellas cuestiones que cuentan con vías administrativas para la resolución”.
Agilizar y optimizar el trámite iniciado por un ciudadano es uno de los objetivos de la Defensoría del Pueblo y este convenio resulta una de las formas concretas para cumplirlo.
