Por no cumplir pautas de comportamiento que le habían sido impuestas en el marco de una suspensión de juicio a prueba, el Fiscal Jefe Hernán Trejo requirió que un hombre y una mujer sean juzgados en debate oral y público por un robo que intentaron perpetrar en la zona céntrica de Sierra Grande.
El hecho se produjo en la localidad serrana cuando ambos, junto a un varón menor de edad, habrían intentado ingresar a un local comercial, cortando para ello dos barrotes de hierro del respiradero del baño con una amoladora eléctrica. La activación de la alarma y la rápida llegada de los agentes policiales frustró el robo.
Mientras el menor de edad quedó desvinculado del hecho, a los dos mayores que no contaban con antecedentes penales, se les ofreción una suspensión de juicio a prueba compuesta por diversas pautas de conductas por el delito de tentativa de robo doblemente agravado por ser cometido en poblado y en banda y con escalamiento.
El seguimiento realizado por el Instituto de asistencia de Presos y liberados detectó que ambos se habían mudado sin efectuar la notificación formal de tal cambio de domicilio y que no habían reparado el daño efectuado. Fue ese el argumento que Trejo utilizó para lograr que los jueces Guillermo Bustamante, Sandra Filipuzzi y Daniela Zagari revoquen el beneficio que oportunamente se les había concedido a los imputados atento la gravedad del hecho y la inexistencia de antecedentes penales.
