El Ministerio Público Fiscal especificó el lapso en el que, entiende, se produjo la estafa que los principales accionistas de la empresa de cobros Siglo XXI habrían perpetrado contra Edersa. En este sentido, el avance de la investigación les permitió determinar que el hecho se habría perpetrado entre los primeros tres meses del año 2021 con un perjuicio estimado en 30 millones de pesos.
El monto restante declarado al principio de la investigación, aclaró la Fiscalía, constituye una deuda que SXXI mantenía con la Empresa. Ello pudo especificarse a partir del exhaustivo trabajo de pericia que realizó el equipo de Contadores del Ministerio Público.
Si bien la querella se opuso a tal precisión (mientras que la Defensa oficial compartió la “limitación del elemento temporal”), el Juez de Garantías interviniente admitió la reformulación de cargos requerida por la acusación pública al entender que el hecho imputado está correctamente descripto más allá del monto en perjuicio.
Al hecho mencionado en contra de EderSA se suman maniobras similares que tienen como perjudicados a GIRE SA, Aguas Rionegrinas y el Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de la Provincia de Río Negro. Estos últimos dos organismos públicos explican la constitución como querellante de la Fiscalía de Estado.
En todos los casos, el Ministerio Público Fiscal le endilga a los imputados, en su rol de responsables de la recaudación y administración de los fondos, violaron los deberes establecidos a través de la firma de convenios con cada una de las empresas y organismos “con el fin de procurar para si o para un tercero un lucro indebido”.
Mientras continúe la investigación penal preparatoria en la que tanto la acusación como la Defensa Pública deberán avanzar en sus respectivas teorías del caso, se mantendrán las medidas cautelares que ya se les había impuesto a los imputados de inhibición general de bienes y prohibición de salida del país.
