La fiscalía formuló cargos en el marco de la investigación contra funcionarios públicos y empresarios por el manejo de los fondos del programa de construcción “Techo Digno” en las ciudades de Cipolletti, Fernández Oro y Campo Grande. En junio está previsto avanzar con la imputación por la misma investigación pero por hechos ocurridos en Cinco Saltos.
Ayer se reformularon cargos contra el ex intendente de Fernández Oro, Juan Reggioni, el titular de una empresa constructora y tres presidentes de cooperativas dedicadas a la construcción de viviendas.
Según indicaron los acusadores, en diciembre de 2014 se suscribió un contrato para la construcción de 50 viviendas en Fernández Oro en el marco del programa federal “Techo Digno” que era financiado con fondos de Nación. El Municipio contrató una empresa constructora y recibió los fondos equivalentes al 82,54% del total del convenio, sin guardar este porcentaje relación con el avance real de obra.
Cabe señalar que los pagos deberían realizarse contra certificación de avance de obra y que el mismo – según las constancias del IPPV – era de un 25.32%. Los fiscales explicaron que a sabiendas e intencionalmente el ex intendente no controló ni hizo controlar la ejecución del convenio y las consecuentes certificaciones de obra realizadas por la empresa, puesto que no designó como se estipulaba en el contrato a un representante técnico ni a una unidad ejecutora municipal.
Según la teoría del caso de la fiscalía, el Municipio recibió 18.6 millones de pesos de los cuales sólo 6.8 millones se destinaron al programa “Techo Digno”. Otros 8.3 millones se habrían utilizado para abonar otras obras de infraestructura realizadas por la misma empresa y unos 650 mil pesos se transfirieron para el pago de la construcción de viviendas de otro programa federal de viviendas denominado “Integración Sociocomunitaria”.
La calificación legal del caso para el ex jefe comunal es administración fraudulenta y peculado en carácter de autor, mientras que los restantes imputados lo están en carácter de participes necesarios.
Sobre los hechos ocurridos en Campo Grande, la audiencia tuvo lugar hoy. En ese caso el delito que se investiga es defraudación al Estado y los imputados son un empresario y un arquitecto que fue designado para controlar la ejecución del convenio.
Según indicaron los fiscales a cargo de la investigación se abonaron 14 millones de pesos contra el certificado de avance de obra de 58,99% realizado por la empresa constructora cuando en realidad el mismo era 48,49%, según el relevamiento del IPPV.
Es decir, según la teoría fiscal, se abonó un 10,5% más de lo debido. Un inspector de obra designado por el Municipio para esa función habría sobrecertificado lo descripto por la empresa constructora, por lo que el ejecutivo municipal abonó la suma y porcentaje mencionados anteriormente. Esta maniobra realizada por el profesional contratado por la comuna habría sido indispensable para que se pudiera concretar el delito puesto que sin la misma no se habría autorizado el pago. El perjuicio económico se estima en unos tres millones de pesos para el erario municipal.
En el caso del presidente de la empresa constructora la calificación legal del caso es defraudación a la administración pública en carácter de autor, mientras que para el inspector es la misma pero en carácter de partícipe necesario.
En cuanto a la investigación por los fondos del programa «Techo Digno» en Cipolletti, el viernes pasado se formuló cargos contra los ex intendentes Abel Baratti y Anibal Tortoriello, contra una ex contadora municipal y tres empresarios. Se investiga una presunta administración fraudulenta y peculado ocurrida en el marco de cuatro contratos de licitación por los cuales se preveía construir 404 viviendas.
Finalmente se informa que una investigación similar, pero por hechos ocurridos en Cinco Saltos se encuentra en curso. La audiencia para formular cargos fue fijada para el próximo 5 de junio.
