La Legislatura de Río Negro aprobó los Códigos Procesales Constitucional, Administrativo, y Civil y Comercial. Las tres leyes se destacan por la incorporación integral del expediente digital en todas las instancias procesales. Estos nuevos códigos, únicos en el país, rompen con la lógica del expediente en formato papel que todavía domina la mayoría de los códigos procesales argentinos y avanzan hacia un modelo adaptado a los lineamientos del Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado en 2015. A ellos se le suman el de Familia, Laboral, Contravencional y Penal.
El objetivo central de estas reformas fue garantizar procesos más ágiles, certeros y prácticos. Entre las principales innovaciones se encuentra la implementación del expediente digital, que permite la notificación automática de resoluciones y providencias, la virtualidad de audiencias y la adaptación de los textos a las disposiciones actuales.
Algunos de los proyectos fueron impulsados desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ), otros desde la Legislatura y en todos los casos hubo aportes de los Colegios de la Abogacía de la provincia.
El Código Procesal Civil y Comercial incluye elementos centrales como el control de convencionalidad, que permite a jueces y juezas analizar las normas en relación con el bloque de constitucionalidad federal, y la perspectiva de género, cuestión que garantiza un enfoque inclusivo y equitativo. Además, se incorporaron procesos como la tramitación simplificada, diseñada para resolver casos en audiencias multipropósito que optimizan tiempos y recursos.
El Código Procesal Constitucional unificó la normativa para acciones como juicios de inconstitucionalidad, conflictos de poderes, amparos y hábeas corpus. Se evitó en el proyecto la dispersión normativa actual.
Por su parte, el Código Procesal Administrativo establece competencias claras, etapas procesales definidas y procedimientos cautelares. Esta última ley consolidó la implementación completa del fuero Contencioso en la provincia para las demandas en las que el Estado es parte.
Todos los códigos priorizan la digitalización, reducen los plazos procesales y consolidan la oralidad como eje central.
El disparador de estas reformas fue el proceso de digitalización de la gestión judicial, pero además una serie de adecuaciones procesales impuestas también por cambios en los modelos de gestión (formato de Oficina Judicial) y la contemplación de nuevas prácticas forenses que no existían al momento en que se sancionaron los códigos vigentes.
La tecnología, pandemia de por medio, irrumpió de tal modo que prácticamente más de la mitad de los institutos legislados en los códigos tradicionales cayeron en desuso.
Muchas de estas iniciativas legislativas tomaron como punto de partida distintas Acordadas dictadas por el STJ en ejercicio de su función reglamentaria, adecuando las reglas procesales a los requerimientos de la tecnología.
Código de Familia y Laboral
El STJ también consolidó ajustes estratégicos al Código Procesal de Familia, que es único a nivel nacional. La iniciativa surgió luego de un periodo de dos años de vigencia bajo un análisis detallado realizado junto a jueces y operadores judiciales del fuero de Familia, los Colegios de la Abogacía y el Ministerio Público.
Los ejes principales de la reforma fueron la optimización de los procesos digitales y la adecuación al sistema Puma. También se apuntó al fortalecimiento de herramientas para garantizar el cumplimiento de obligaciones alimentarias, como embargos rápidos, venta de bienes, retención directa de sueldos y el reconocimiento de audiencias presenciales, semipresenciales y virtuales.
Se le otorgó mayor claridad en los procedimientos de notificación, ajustes en los plazos, formas de apelación para agilizar las resoluciones y hubo mejoras en el control de medidas de protección de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y herramientas en materia de violencia de género.
En línea con el Código Procesal de Familia Río Negro también reformó la ley de procedimiento laboral, que reemplazó una normativa vigente desde 1981. Esta nueva legislación transformó por completo la dinámica de los procesos laborales.
Entre sus características principales, se destacan: la digitalización total de los expedientes, eliminando el papel y constituyendo domicilios electrónicos a través de la plataforma Puma. También se incluyeron herramientas para prevenir el acoso y la violencia laboral, con un capítulo especial para implementar la ley nacional 26.485 y el Convenio 190 de la OIT. Se implementaron los juicios sumarísimos para prestaciones laborales y acciones ejecutivas en casos de despido directo y se incorporaron audiencias en formatos virtuales, presenciales y mixtas.
Entre otras leyes de procedimientos, la provincia se destaca por la actualización del Código Contravencional (se sancionó en 2022 y reemplazó un régimen del año 1969) y el Código Procesal Penal, que implementó el sistema acusatorio, la publicidad y la oralidad desde el año 2017.
