Río Negro aumenta su flota policial con camionetas y motos

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El Gobierno de la Provincia continúa invirtiendo en seguridad, como parte del plan estratégico del Ministerio de Seguridad y Justicia, con el objetivo de garantizar la operatividad y eficacia de la policía provincial a través de la adquisición de vehículos destinados a fortalecer la flota policial. Esta medida forma parte de un esfuerzo continuo por mejorar la seguridad en todo el territorio provincial.

A principios de año, el Gobierno invirtió $200 millones para reparar y poner en funcionamiento 146 patrulleros que se encontraban fuera de servicio. Ahora, se suma una nueva inversión con la preadjudicación de 20 pickups (4×4 y 4×2), completamente equipadas, por un valor de $757 millones.

Además, están en marcha las licitaciones para la compra de 50 patrulleros tipo sedán y 40 motocicletas tipo enduro y trial, también equipadas, con costos estimados de $1.250 millones y $230 millones, respectivamente. Estas adquisiciones buscan asegurar que la Policía cuente con los recursos necesarios para responder de manera eficiente a las demandas de seguridad en la provincia.

Otro aspecto destacado es la compra de más de 2.500 neumáticos, con una inversión de $527 millones, que permitirá mantener la operatividad de toda la flota policial. Esta compra ha sido financiada con fondos recaudados a través de multas de tránsito, que fueron reasignados bajo el Decreto N° 203/24.

Con esta serie de inversiones, el Gobierno de Río Negro refuerza su compromiso con la seguridad, garantizando una flota policial óptima y plenamente operativa, capaz de cubrir de manera efectiva todo el territorio provincial.

Invertir en seguridad y patrulleros es crucial para una respuesta policial rápida y eficiente, cubriendo todas las áreas, incluso las más remotas. La modernización de la flota mejora la operatividad, integra nuevas tecnologías y reduce costos de mantenimiento a largo plazo. Además, aumenta la moral de los agentes y refuerza la percepción de seguridad pública, vital para el bienestar social y económico. Estas inversiones protegen a los ciudadanos y fortalecen la capacidad operativa de la policía.


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