En base a un informe del AIPL, se determino que el imputado que accedió a una serie de beneficios con el cumplimiento de pautas de conductas no concurrió a registrar su firma y no le dio continuidad a la asistencia en el mes de junio.
“Se hizo mención que se registraron dificultades para localizarlo porque el domicilio que había fijado no coincidía con el que había brindado el día de la audiencia como tampoco su teléfono”, refirió la fiscal del caso, Mariana Giammona en una audiencia solicitada para controlar las pautas de conducta del hombre imputado.
El beneficio se le otorgó el 29 de abril, ese mismo día registró firma al igual que el 27 de mayo, pero no se hizo presente en el mes de junio. “Consta en un informe del IAPL del 30 de julio que el señor Salazar se presentó ante la institución el día 26 de julio informando su domicilio y proporcionó un teléfono para que el APL pueda ponerse en contacto con él.
La defensora oficial del acusado informó que su defendido también brindó un certificado de un turno en el hospital para el 16 de agosto, reforzando los argumentos de su defendido que cumple en la medida de las posibilidades con las pautas de conducta requeridas casi en su totalidad.
La defensora advirtió que, en el mes de agosto, su defendido deberá viajar por motivos laborales durante aproximadamente dos meses al sur para poder trabajar, por lo que solicitó que durante ese lapso se le autorice a modificar su domicilio hasta regresar e informar su regreso. La situación se le informó previamente a la fiscal del caso, Paula Rodríguez Frandsen, según aseguró en audiencia la defensora del acusado.
