¿Qué son y qué funciones tienen los Consejos de Seguridad Ciudadana en Río Negro?

El Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de un trabajo en conjunto con el IPAP, asumió el compromiso de acompañar en la constitución y fortalecimiento de los Consejos Locales de Seguridad Ciudadana en el marco de la Ley N° 4200, la cual da cuenta de la creación del Sistema Provincial de Seguridad Pública.

Estos Consejos son integrados por distintas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y por miembros de la sociedad civil, con el objetivo de promover la participación de las comunidades locales, generando espacios que permitan la reflexión y el tratamiento de las problemáticas vinculadas a la conflictividad y la seguridad de las personas.

Las funciones fundamentales de los Consejos de Seguridad refieren al tratamiento de todas las cuestiones atinentes a la seguridad pública en el ámbito municipal, promoviendo un espacio de intercambio y cooperación entre la comunidad, autoridades locales y la Policía de Río Negro.

En este sentido, se busca realizar un trabajo articulado que potencie los recursos existentes en cada municipio en materia de seguridad.

Por otro lado, los Consejos contemplan el diseño de diagnósticos participativos en las respectivas localidades y a partir de esa evaluación, colaborar en la elaboración de planes de acción integral para la prevención del delito.

Los planes de acción pueden incluir la atención de grupos socialmente vulnerables para generar espacios de contención, redes de instituciones públicas y privadas y actividades de capacitación y formación.

En este marco, cobra importancia la participación y el trabajo colaborativo a los fines de realizar campañas publicitarias y de concientización en problemáticas transversales tales como la prevención de adicciones, la violencia escolar y doméstica, la prevención del delito y demás temáticas relacionadas a la seguridad ciudadana.

Este enfoque integral y multidisciplinario se desarrolla en conjunto  con las áreas de Defensa Civil municipal, Poderes Legislativo y Judicial, y fuerzas de seguridad nacional, permiten la elaboración de políticas públicas con una mirada situada en cada territorio y focalizada en la prevención del delito.