En la jornada del viernes se produjo un gran despliegue en la toma del Loteo Silva donde hubo un violento desalojo de casillas que para la justicia no estaban siendo habitadas, mientras que para muchos de los vecinos del lugar si se encontraban habitables. Quienes no viven en la toma, tienen 48 horas para retirar materiales.
Por un lado, el Ministerio Público Fiscal informó que comenzó a supervisar los trabajos de remoción de casillas y materiales de construcción abandonados en terrenos privados lindantes con el barrio Alvarez Guerrero, que habían sido tomados en enero de este año.
La extensa área contaba con casillas deshabitadas, tal se constató luego de diversas recorridas efectuadas por la Fiscalía con el acompañamiento de equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Social rionegrino, que confirmó la presencia de nueve familias en condiciones de vulnerabilidad que efectivamente vivían en la zona y que continuarán allí.
A esta instancia se arriba luego de diversas reuniones que el Fiscal Guillermo Gonzalez Sacco mantuvo con quienes ocuparon los terrenos, ubicados a la vera de la Ruta 1, lindante al Prebasural, el barrio Alvarez Guerrero y el predio de la U12. Asimismo, se efectuaron dos audiencias judiciales, en la primera de ellas los ocupantes fueron imputados por el delito de usurpación, instancia en la que la Defensa pública, ejercida por Pedro Vega y Juan José Alvarez Costa, mantuvo un encuentro con ellos explicándoles los alcances del proceso judicial.
El martes de esta semana se efectuó otra audiencia, en la que el Fiscal requirió la medida que no fue controvertida por los defensores, con la condición de que sean respetadas aquellas personas vulnerables que efectivamente residían en el lugar. Con estos resguardos fue admitida por el Juez Juan Martín Brussino Kain.
En el lugar se habían construido más de un centenar de casillas que no se encontraban ocupadas, tal fue constatado en diversas oportunidades por la Fiscalía, agentes de la Policía de Río Negro y equipos de desarrollo social tanto del Municipio como de la provincia.
Desde las 8 del viernes, luego de verificar cada una de las casillas que efectivamente estaban construidas y garantizar que se encontraban sin gente y sin ningún tipo de mueble en su interior, se produjo la remoción de dichos materiales.
El Fiscal Gonzalez Sacco estuvo presente en el lugar y mantuvo una reunión con vecinos que le pidieron una nueva prórroga para recuperar los materiales. Luego de ello, Sacco dispuso el cese de los trabajos que retomarán el lunes a primera hora, procurando que durante el fin de semana quienes tengan materiales puedan retirarlos voluntariamente.
Las instancias de diálogo continuarán para poder darle una solución pacífica a la problemática habitacional tendiendo puentes entre los vecinos y los organismos correspondientes, en el marco del proceso judicial iniciado el primer día hábil del 2019, cuando los propietarios de la tierra efectuaron la denuncia.
La versión de los vecinos
Ángelica, vecina del lugar se acercó a defender a su hermana que participa en la toma. “No sabía del desalojo, vivo en el 22 de Abril, pero tengo a mi hermana acá. Los vengo a defender porque no tienen donde estar”, puntualizó la vecina que se acercó ni bien vio el despliegue policial y de maquinarias.
La vecina se preguntó: “Dónde está el derecho de los chicos, porque no vienen los políticos a ver la situación y le dan una respuesta”, expresó la mujer.
Una de las chicas que forma parte de la toma, contó que “nadie nos avisó que iban a desalojar. Mi marido me vino a avisar”, refirió la joven madre que se tuvo que ir del lugar junto a su hijo sin posibilidades de ir a otro lugar.
Alejandro, uno de los voceros de los vecinos de la toma tuvo un cruce con el fiscal Peralta quien le expresó los motivos por los cuales pasaron las maquinas por el lugar llevándose prácticamente todo puesto. Se basó en informes sociales que determinaban que en algunas casillas no habría habido gente viviendo.
Sacco, en tono desafiante le pidió compromiso respecto a que quienes no están viviendo deben desalojar el lugar en 48 horas y llevarse sus cosas. “No me obligues, es al extremo que me llevan”, refirió el fiscal advirtiendo que tienen 48 horas mostrando el acta con la disposición del juez que determinó los desalojos.
Alejandro le expresó que “si usted me hubiese hablado estas pérdidas no tendrían que haber pasado. Apenas entramos le pegaron a mi hija y mi mujer”, contó a lo que el fiscal respondió no tener constancia de eso, pero se comprometió a que el lunes en la fiscalía los recibiría y desde ahí se dirigirían nuevamente a la toma para definir todo.
Ante la prensa, Sacco declaró que es una medida dictada por el juez Brusino y es totalmente acorde a derecho. Hizo referencia al informe presentado por Desarrollo Social de la provincia para pedir la acción de desalojo por parte de la fiscalía.
“No se puede vivir más, la gente no come”
Alejandro, vocero de la gente, tras la discusión del fiscal contó a este medio sobre lo sucedido.
“La gente está peor que antes, el Estado hizo un abandono total. Esto era un basural y ahora quieren recuperarlo. El relevamiento lo hicimos nosotros, nos hicieron laburar y nos tomaron el pelo todo el tiempo. Ganaron tiempo para poder hacer estas cosas a espaldas de la gente, teníamos la mejor voluntad para que el Estado facilite medios para que la gente pueda pagar esto”.
“No se puede vivir más, la gente no come, esto lo hicieron muy de a poco. Hicimos todo los que nos pidieron ellos, nos organizamos porque el Fiscal nos pidió que nos organicemos, eso nos jugó en contra, porque en primera instancia no se conformaba como usurpación, después la organización conformó la usurpación, pero eso vino a pedido del fiscal. Fue el cuento de Caperucita y el lobo, nos hicieron agarrar por el camino más largo para comerse a la abuelita”.
“No hubo un acto de violencia, no era necesario que vengan a romper todo esto que para ellos son palos y chapas, pero para muchos son días y meses de trabajo. Estoy muy indignado de cómo tratan a las personas”, refirió Alejandro.
