El presidente del club y quien alquilaba la cancha de fútbol en la que murió el adolescente Nico Gutierre al recibir una descarga eléctrica, habían sido encontrados responsables del delito de homicidio culposo, cuyas penas previstas van desde un año a cinco de prisión. La Fiscalía, la querella y la defensa dieron a conocer cuál es la pretensión punitiva y argumentaron en relación a las mismas.
La audiencia comenzó con la declaración de la mamá de la víctima, Patricia Campos, a quien se sumaron luego otros ocho testigos. Finalizada esa instancia, la Fiscal Paula Rodríguez Frandsen, quien integró la acusación junto a la adjunta Mariela Coy, fue la primera en alegar, para concluir con el pedido de cuatro años de prisión efectiva para los dos hombres.
“El único atenuante que encuentro es la carencia de antecedentes penales, el resto de las circunstancias sólo reflejan agravantes de la situación de ambos”, comenzó diciendo.
“El daño causado es inconmensurables: el total e irreparable de la vida de Nico quien, como dijo su mamá en la audiencia, recién empezaba a vivir y amaba la vida”. Aludió además al daño de familiares y amigos enfatizando en los testimonios escuchados y reiteró palabras de la madre de Nico quien expresó que su familia está “condenada al dolor durante toda la vida”.
En relación a sus amigos, muchos de los cuales estaban presentes en el partido de fútbol, recordó que desde aquel momento deben estar contenidos psicológicamente para poder afrontar las consecuencias que les dejó “la pérdida del ser querido y la forma en la que esta pérdida se produjo”
“Toda la sociedad de San Antonio estuvo conmocionada por ese hecho, porque el peligro causado fue evidente. Esto le podía haber pasado a cualquiera, podría haber sido una catástrofe mayor”, agregó.
En relación a los imputados, dijo que ambos cuentan con “una educación adecuada para comprender el riesgo y las consecuencias de lo que estaban afrontando y, además, hubo distintas personas -que también intervinieron en el debate como testigos- que les advirtieron que las condiciones eran peligrosas”.
En cuanto a los testigos que presentó la defensa, la Fiscal entendió que “no realizaron mayores aportes y, en cambio, sólo manifestaron impresiones personales en relación a los imputados”.
“Ambos imputados querían dinero, sabían las condiciones en las que estaba el club pero decidieron no invertir en las instalaciones y seguir alquilándolas como estaban. No es importante para qué querían el dinero, pero lo querían y no fueron capaces de invertir los escasos 1000 pesos que se necesitaban para comprar un disyuntor” expresó antes de requerir la pena pretendida.
La querella, integrada por los abogados Ezequiel Castro y Gerardo Collado, adhirió a lo expresado por la Fiscalía y sólo manifestó su discrepancia en cuanto a la pretensión punitiva que fijó en cuatro años y medio.
Finalmente los abogados defensores alegaron en relación a las penas que, a su entender, les correspondía a los hombres. Para quien alquilaba la cancha, el abogado Danilo Vega solicitó la pena de dos años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación para realizar actividades comerciales, en tanto que para el presidente del club, Hugo Lapadat pidió un año de prisión en suspenso.
El Tribunal de juicio, y quien dictará sentencia, está compuesto por los jueces Carlos Reussi, Itziar Soly y Juan Martín Brussino.
