A través de un comunicado de prensa, desde la Meda de los Barrios Populares dejaron en claro su postura sobre la causa judicial contra el Secretario General de la CTA Autónoma de Viedma, Hugo Aranea a quien le iniciaron una causa por usurpación de un terreno donde funciona un merendero en una de las últimas tomas registradas en Viedma.
«Desde la Mesa de Barrios Populares y las organizaciones sociales repudiamos la persecución política que lleva adelante el gobierno de Río Negro a través del poder judicial provincial contra el compañero Hugo Aranea, Secretario General de nuestra Central», reza el comunicado.
«Volvemos a movilizarnos para rechazar una imputación sin sustento por el delito de usurpar contra un compañero que ha sido parte de los reclamos históricos de vivienda y barrios con dignidad protagonizados por la mayoría del pueblo trabajador viedmense, excluido
generación tras generación de tales derechos».
«Quienes propician el diálogo y la solución de una problemática profunda con políticas públicas incluyentes son blanco de la persecución judicial. La acusación además de injuriante no deja de ser ridícula, pues se presume que busca usurpar, para construir una vivienda, un compañero que todos sabemos que vive en el barrio Santa Clara. Para la fiscal Rodríguez Frandsen tampoco importa el hecho de que el terreno en cuestión es el que utilizaron las familias del barrio para construir a mediados del año 2020 un espacio comunitario que, entre actividades recreativas y educativas, da de comer a decenas de familias. Se busca generar un fallo para criminalizar la protesta, la organización y así desalentar la lucha por derechos fundamentales», especificaron.
«Hay quienes en el poder judicial han decidido encarnar la doctrina retrógrada de Rosenkrantz quien afirmó que hay necesidades sociales que no implican derechos. Por eso una vez más reiteramos el repudio a un sector del poder judicial que es indiferente a las injusticias sociales que se ejercen sobre los trabajadores, pues se ensaña contra quienes luchan por el derecho a la tierra, al territorio, a la vivienda, al trabajo genuino, por el medioambiente y por la justicia social. Ese poder judicial es funcional a los intereses y discursos de odio de los sectores reaccionarios y conservadores, como los Bullrich, Pichetto y otros que hacen su negocio electoral. Es, además, coherente con la impunidad que se garantiza al poder económico concentrado, a los verdaderos usurpadores de las tierras rionegrinas como son Lewis, Benetton, Rocco, etc».
En un contexto de crisis socioeconómica profunda y frente al desastre de una de cada tres familias con déficit de vivienda, la única reacción del gobierno provincial ha sido deslegitimar las demandas populares, criminalizar la pobreza, la necesidad y la organización desde abajo para reclamar derechos reconocidos en la Constitución Nacional, provincial y tratados internacionales.
«Exigimos la absolución del compañero porque la estigmatización y criminalización no restituye derechos negados, ni soluciona la miseria y la falta de vivienda digna que sufren miles de familias. Al contrario, profundiza el incumplimiento de los derechos más elementales, violenta a los más vulnerados y obtura una solución que provenga del diálogo y la aplicación de políticas públicas de urbanización e integración», finaliza el comunicado.
