Un Tribunal de Cipolletti dictó una sentencia de once años de prisión efectiva contra un hombre de 37 años hallado culpable de tentativa de femicidio, coacción y amenazas en perjuicio de su expareja en un contexto de violencia de género. La condena se estableció en una audiencia realizada el 6 de noviembre de 2024 en la que se homologó el acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal, la defensa y la querella.
La fiscalía presentó tres hechos de agresión ocurridos en diferentes momentos, destacando que el incidente de mayor gravedad sucedió el 31 de enero de 2024 en la ciudad de Cinco Saltos, cuando el hombre interceptó a la víctima en la entrada del domicilio de su actual pareja y la agredió físicamente. Según el relato de la mujer y las pruebas aportadas, el acusado la empujó hacia el interior del patio delantero, la golpeó y luego intentó herirla con un cuchillo en la zona del abdomen, en lo que se calificó como un intento de femicidio frustrado.
En su fallo, el tribunal consideró probado que el acusado ejerció violencia de género durante la relación con la mujer, empleando conductas de control, manipulación y amenazas reiteradas. Este contexto de abuso quedó reflejado en el testimonio de la víctima y de otros testigos que afirmaron la existencia de un patrón de hostigamiento y sometimiento por parte del imputado. En el juicio también se presentaron mensajes de texto y declaraciones de especialistas que corroboraron el temor que la víctima padeció durante el tiempo que compartió con el agresor, quien utilizó mensajes amenazantes en varias ocasiones para intimidarla y controlar sus relaciones personales.
Además de la tentativa de femicidio, el tribunal lo halló culpable de coacción simple en concurso con amenazas, al constatar que el imputado intentó forzar a su expareja a abandonar su nueva relación a través de intimidaciones, incluso mientras se encontraba hospitalizado. En uno de los mensajes enviados el 4 de febrero de 2024, el acusado expresó de forma explícita que causaría daño al actual compañero de la víctima, lo cual fue considerado por la fiscalía como una maniobra para coaccionarla y obligarla a retomar la relación bajo amenaza de violencia.
El acuerdo alcanzado en la etapa de cesura de la pena permitió establecer la condena de once años en función de los mínimos y máximos previstos para los delitos atribuidos. La fiscalía y la querella enfatizaron la gravedad de los hechos en contexto de violencia de género, mientras que la defensa, al aceptar el acuerdo, hizo reserva del derecho a recurrir la sentencia, afirmando que su cliente mantiene su posición de inocencia respecto de algunos cargos.
La sentencia del tribunal estableció así una pena que refleja la gravedad de la tentativa de femicidio, señalando que la relación desigual de poder y el contexto de violencia de género fueron factores determinantes en la decisión judicial.
