Está acusado de liderar una banda integrada por policías y abogados que robaba cargamentos de droga secuestrada a narcotraficantes para luego venderla.
La procuración bonaerense pidió este martes a un tribunal de enjuiciamiento la destitución del fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, quien está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita integrada por policías y abogados que robaba cargamentos de droga secuestrada a narcotraficantes para luego venderla.
El fiscal general de Pergamino, Mario Daniel Gómez, quien alegó en representación de la procuración, consideró que Scapolán cometió «un sinfín de hechos de suma gravedad», durante un alegato que se llevó a cabo en el anexo del Senado bonaerense, ubicado en el edificio situado en las calles 7 y 49 de La Plata.
«Se acreditó que el fiscal Scapolán intervenía en procesos federales cuando no le correspondía hacerlo, intervenía en procesos de jurisdicción ajena a su competencia siempre con el mismo modus operandis, denominado rulo, que se anularon los procedimientos, entre un sinfín de hechos de suma gravedad» sostuvo Gómez.
El acusador sostuvo que «los delitos e irregularidades» son «suficientes para pedir la destitución» de Scapolán y pidió luchar contra el narcotráfico para evitar «la mutación del Estado de Derecho a un Estado de violencia».
«El hecho es grave, el delito es grave y las consecuencias aún más graves», consideró Gómez, quien entendió que Scapolán es culpable «por acción u omisión».
«El fiscal es el director de un procedimiento y los efectivos siempre siguen sus órdenes», explicó y seguidamente señaló que Scapolán fue «una pieza fundamental» en los delitos e irregularidades cometidos en el operativo «Leones Blancos», una de las causas en las que intervino y en ese sentido, agregó: «¿Qué le cabe a la sociedad si quienes tienen la obligación de velar por el cumplimiento de la ley y de perseguir el delito son los que lo cometen? No solo eso, lo planifican, lo organizan y lo ejecutan«.
También mencionó que dos personas vinculados a los hechos murieron durante la pesquisa, como el financista asesinado Daniel Guastini, y un policía arrepentido de apellido Caviglia.
A su vez, Gómez repasó pruebas de los distintos casos y testimonios y en más de una ocasión se preguntó por qué un fiscal del fuero ordinario intervenía en casos de competencia federal como el narcotráfico.
Para el acusador «es falaz» que las irregularidades en los procedimientos se debieron a una supuesta falta de personal y que las mismas fueron de «tal magnitud» que, incluso, derivó en la nulidad de muchos de ellos.
Según Gómez, hubo «una operatoria totalmente irregular» por parte de Scapolán y sostuvo que se cometieron «aprietes, extorsiones, amenazas, robo y tráfico de estupefacientes» en los procedimientos en los que el fiscal intervenía.
«La falta de control era la norma en los procedimientos», dijo Gómez y calificó el desempeño de Scapolán como «incompetente y negligente. Merece ser destituido y así lo solicito».
Alegatos de Scapolán
Tras un cuarto intermedio fue el turno del alegato de la defensa, que fue encabezada por el propio Scapolán, quien en varias oportunidades desligó responsabilidades en el «personal policial» interviniente en los procedimientos cuestionados.
«Irregularidades hay todo el tiempo. La Policía comete irregularidades y cuando lo hace nosotros tomamos las medidas correspondientes».
También justificó su intervención y no la de la justicia federal en los casos por los que fue acusado, porque en el caso de «Leones Blancos» el parte informativo hablaba de «llevar droga» y eso podía interpretarse como un «delivery», un delito que sí investiga el fuero ordinario.
«Este es el momento de las certezas, el jurado debe basarse en lo que está debidamente probado. Pero la verdad es que la acusación se basa en meras suposiciones. Ninguna certeza», sostuvo.
Y concluyó: «Nada de lo producido permite sostener, con el grado de certeza que este mismo jurado ha sostenido debía probarse en la audiencia, los hechos materia de acusación».
Por último, su abogado Luciano Locatelli remarcó que «no hay hechos probados» por los acusadores, por lo que no corresponde que destituyan a su defendido.
Fuente: Telam
