Nacionales: piden condenas de prisión perpetua para catorce policías acusados por la desaparición forzada de Franco Casco en Rosario

Desaparición forzada de Franco Casco – Foto – La izquierda diario.

También pidieron penas que van desde los catorce años y diez meses a tres años de prisión para otros cuatro agentes y un civil por delitos de encubrimiento, falso testimonio y participación secundaria en la desaparición del joven, cuyo cuerpo apareció sin vida veintitrés días después de haber sido detenido por personal de la Comisaría 7ma de la provincia de Santa Fe.

El fiscal Fernando Arrigo solicitó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario penas de prisión perpetua para catorce policías acusados por la desaparición forzada de Franco Casco. También pidió penas que van desde los catorce años y diez meses a tres años de prisión para otros cuatro agentes y un civil por delitos de encubrimiento, falso testimonio y participación secundaria en la desaparición del joven, cuyo cuerpo apareció sin vida veintitrés días después de haber sido detenido por personal de la Comisaría 7ma de la provincia de Santa Fe.

El representante del Ministerio Público Fiscal en el cierre de su alegato pidió penas de prisión perpetua para el comisario Diego José Álvarez, los agentes Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco y la agente Cecilia Rut Elisabet Contino, como coautores de los delitos de desaparición forzada de persona agravada por la muerte de la víctima e imposición a una persona privada de su libertad de torturas seguidas de muerte, informó el sitio fiscales.gob.ar.

También solicitó penas de prisión perpetua para el subcomisario Enrique Nicolás Gianola Rocha, el jefe de sumarios César Daniel Acosta y las y los agentes Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Guillermo Hernán Gysel, Rocío Guadalupe Hernández, Esteban Daniel Silva, Romina Anahí Díaz, Ramón José Juárez y Franco Luciano Zorzoli, todos ellos considerados coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima.

El fiscal, además, requirió la pena de catorce años y diez meses de prisión para los agentes Belkis Elisabet González y Rodolfo Jesús Murúa al considerarlos partícipes secundarios penalmente responsables del delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima, mientras que para dos integrantes de la Unidad Especial de Asuntos Internos, Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar el pedido fue de cinco años y diez meses como coautores del delito de encubrimiento doblemente agravado.

En tanto, para el representante del MPF, el vecino que formuló la falsa denuncia con la que se intentó justificar la detención de Casco, Alberto Daniel Crespo, fue señalado como autor del delito de falso testimonio, con una pena de tres años de prisión en suspenso. Por último, la fiscalía requirió la absolución del agente Walter Ortiz por falta de pruebas que acrediten su dolo.

Además, el fiscal Arrigo instó en su alegato una serie de medidas reparatorias, entre ellas, que se ordene al Poder Ejecutivo provincial que adopte las medidas necesarias para desafectar las dependencias de la comisaría 7ma y que ese espacio sea convertido en un centro para la atención de víctimas y familiares de violencia institucional de las fuerzas de seguridad, en el cual se deberá brindar acompañamiento jurídico y psicológico.

El representante del MPF también requirió al mismo poder que se incluya la sentencia del caso como contenido obligatorio en la currícula de estudios de la policía de la provincia y que se dicten cursos obligatorios a todo el personal que revista actualmente en la fuerza. Por último, Arrigo también solicitó que “Se dé amplia publicidad a la sentencia que se dicte en portales y sitios de difusión pública de todo el país, con sentido reparatorio y de no repetición”.

El caso

El 29 de septiembre de 2014, Franco Ezequiel Casco, oriundo de la localidad bonaerense de Florencio Varela, llegó a la ciudad de Rosario para visitar a unos familiares. En la tarde del 6 de octubre se fue de la casa de su tía paterna -donde se había alojado- hacia la Estación de Trenes Rosario Norte, donde a la medianoche iba a tomar un tren para regresar a Buenos Aires.

Sin embargo, ese mismo 6 de octubre el joven de 20 años fue interceptado y detenido por agentes de la Comisaría 7a de la Policía de la provincia de Santa Fe. De acuerdo con el testimonio de otros detenidos, Casco fue aislado en un calabozo de la dependencia policial en calidad de “demorado” mientras averiguaban sus antecedentes. Durante la madrugada del 7 de octubre, el joven fue golpeado y torturado: los demás internos lo escucharon gritar y pedir auxilio, hasta que se hizo silencio y no se supo más nada de él.

Dado que Franco nunca llegó a Buenos Aires, su tía denunció su desaparición en la Comisaría 20ª de la Policía local, al tiempo que el padre del joven viajó a Rosario. Según declararon los familiares de Casco, el padre de Franco se presentó el 8 de octubre en la Comisaría 7ma y pudo saber que el joven había estado allí. Sin embargo, le dijeron que lo habían aprehendido el día 7 de octubre y que la noche de ese mismo día “lo habían liberado, dejándolo en una plaza cerca de la estación de trenes”.

Finalmente, el 30 de octubre de 2014, personal de la Prefectura Naval Argentina encontró el cuerpo sin vida de Franco, flotando en el río Paraná. La autopsia reveló que la víctima había muerto antes de ser arrojada al río.

De acuerdo con la investigación desarrollada por la Fiscalía Federal N°1 de Rosario, los efectivos policiales “privaron de libertad a Franco Casco, lo encerraron en un calabozo y lo sometieron a tormentos y tratos inhumanos y degradantes, todo lo cual, debe resaltarse, sucedió en un ámbito en el que la víctima se encontraba en un absoluto estado de indefensión”. Además, se demostró que los policías imputados realizaron una serie de maniobras tendientes a fraguar las circunstancias en las que el joven fue ilegalmente privado de su libertad, y a encubrir la verdad de lo ocurrido.

El alegato

En su alegato, el fiscal Arrigo destacó que los policías que detuvieron a Casco “no documentaron su ingreso y no lo blanquearon para trabajar tranquilos sin plazos”. De acuerdo al representante del Ministerio Público, los agentes “lo torturaron, le tomaron los datos, le hicieron firmar el ‘acta de conocimiento derechos’ con fechas y horarios que parecieran evidentemente errados, fichas dactilares y fotografías y luego lo siguieron torturando”.

De acuerdo a la reconstrucción realizada, como no era del ambiente y desconocía al personal de guardia, Casco “gritaba cada vez más fuerte, no sabía que no tenía que gritar para que le dejaran de pegar. Al final lograron callarlo, pero se les fue la mano, lo asfixiaron”, reconstruyó Arrigo. Dado que el hecho había ocurrido en la comisaría y que otros detenidos advirtieron la presencia de Casco, para el fiscal los acusados “sabían que no podían simplemente hacerlo desaparecer, necesitaban crear una coartada que les garantizase su impunidad”.

Aprovechando un corte de luz, los acusados habrían sacado el cuerpo sin vida de Casco de la Comisaría 7ma para luego arrojarlo al río, “un buen mecanismo antiforense, pues se deshacían de los rastros de las torturas y, eventualmente, del cuerpo”, remarcó Arrigo. Luego, según la fiscalía, “los imputados fraguaron un sinnúmero de documentos públicos y libros, simularon consultas oficiales y, en definitiva, hicieron un montaje con el cual pretendieron probar que Franco Casco había sido detenido y alojado en la Comisaría 7ma el 7 de octubre al mediodía -aproximadamente a las 13-, y había sido liberado ese mismo día cerca de las 22”.

Tal como surge del relato del fiscal, la primera de estas maniobras disuasivas estuvo basada en una falsa denuncia radicada por Crespo, vecino y amigo de Álvarez, en la que habría dicho que dos personas circulaban por la zona lindera de su hogar en actitud sospechosa, intentando abrir las puertas de algunos domicilios. Al mismo tiempo, los imputados -en particular Álvarez y Acosta- negaron sistemáticamente a los familiares de Casco y a los organismos públicos que participaron en la investigación de los hechos, que la víctima estuvo alojada en la Comisaría 7ma. el 6 de octubre a la noche y el 7 a la madrugada, así como las violencias a las cuales fue sometido y que le provocaron la muerte.

Para el fiscal, la participación de Álvarez, Gianola Rocha, Acosta, Gysel, Benítez, Silva, Hernández, Greiner, y Guerrero se tradujo a la elaboración de actuaciones policiales falsas en las que hicieron constar que el día 7 de octubre de 2014, alrededor de las 13, habían detenido a una persona que dijo llamarse Franco Godoy, por resistencia a la autoridad, a quien habrían liberado cerca de las 22 de ese mismo día. Por otra parte, se fraguó el “formulario de informe médico legal” en el cual consta que una médica habría revisado a Franco Godoy el día 7 de octubre de 2014 en la Comisaría 7ma.

Por otra parte, según relató el fiscal en su alegato, Siscaro y Escobar, ambos pertenecientes a la Dirección Provincial de Asuntos Internos Policiales dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, una vez consumado el delito, omitieron informar al fiscal a cargo de la investigación lo relatado por varios de los detenidos alojados en la Comisaría 7ma en las entrevistas concertadas en la denominada “cuadra” de dicha dependencia. En las mismas, los internos les manifestaron haber escuchado los tormentos a los que fue sometido un joven esa noche en las dependencias de dicha Comisaría, y algunos, incluso, identificaron a ese joven como Franco Casco.