En Viedma comenzó la capacitación sobre Perspectiva de Género dirigida a todo el personal del Poder Judicial en el cumplimiento de la Ley Micaela según lo establecido por la Acordada 1/19 del Superior Tribunal de Justicia. Está organizada de manera conjunta por la Oficina de Género y la Escuela de Capacitación Judicial como parte de su planificación anual de formación.
Las jornadas están a cargo de la jueza del Superior Tribunal de Justicia y titular de la Oficina Género (OG) Adriana Zaratiegui y de la responsable de la OG, Beatriz Mosqueira, junto al equipo de replicadores.
Continuarán las jornadas de capacitación en Viedma mañana y el jueves con distintos grupos de magistrados/as y empleados/as.
La participación tiene carácter obligatorio para magistrados/as, funcionarios/as y empleados/as del Poder Judicial, según lo dispone la Acordada que en su artículo 1° expresa: “Establecer que las capacitaciones que disponga la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Oficina de Género del Poder Judicial, en Perspectiva de Género y Derechos Humanos tienen carácter obligatorio para quienes resulten destinatarios o destinatarias de las mismas de acuerdo a la modalidad que reglamente el Superior Tribunal de Justicia”, sobre la base de la “Ley Micaela” de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.
El contenido del taller está organizado en módulos con temáticas como “El patriarcado, los roles de género y la construcción de estereotipos”, “Rol de la justicia en el cambio hacia la igualdad”, “El derecho en la construcción del género”. “Desigualdad estructural”, “Acceso a la Justicia”. “Convención Belem do Pará y Convención CEDAW”, “Reglas de Brasilia” y “Marco teórico sobre factores e indicadores de riesgos”, “Las exclusiones jurídicas producidas por la construcción binaria de la identidad de sexo y/o género” y “La distribución inequitativa de recursos y poder”, entre otras.
También habrá una instancia de análisis de casos y modalidades de intervención; detección de obstáculos y facilitadores para el acceso a la Justicia de víctimas de violencia y marcas de las violencias, para finalizar con la creación del Protocolo para juzgar con perspectiva de género.
