El legislador Marcelo Mango (Frente Grande-FpV) expresó su beneplácito, tras conocerse la condena a prisión perpetua para los 7 efectivos policiales de la provincia de Río Negro, por ser penalmente responsables de la desaparición forzada del joven Daniel Solano.
Recordó y puso en relevancia, la incansable lucha de Gualberto Solano, quien falleciera sin haber podido obtener respuesta a su reclamo de Justicia. Asimismo, destacó el trabajo del abogado Sergio Heredia, así como también el acompañamiento permanente y solidario del cura Cristian Bonin.
Por su parte, el legislador Mango (FG-FpV) indicó que «la consecución de una sentencia que condene un hecho tan grave perpetrado por fuerzas policiales en democracia requirió del compromiso y acompañamiento de diversos actores, pero fundamentalmente la constancia de Gualberto Solano». En un mismo sentido, se refirió a los diversos proyectos presentados en la Legislatura provincial con el fin de esclarecer una causa en la cual se pusieron cientos de trabas y dilaciones, hasta que finalmente en la jornada de hoy se lograse una condena para los 7 imputados.
«La desaparición de Daniel Solano tuvo como objetivo evitar que salga a la luz no sólo la estafa, explotación y represión de los trabajadores que son «contratados» para trabajar en EXPOFRT, sino también para encubrir otro tipo de delitos como es la trata de persona con fines laborales. Pero no se trata sólo de trabajo mal remunerado, trabajo indecente, explotación laboral, trabajo infantil, trabajo esclavo y trata de persona. Se trata además de desaparición forzada de persona como producto de la connivencia entre una empresa multinacional, empresas tercerizadas, sectores de la policía, de trabajo y parte del poder judicial, cómplices de un delito de lesa humanidad. La fruticultura de nuestra provincia no puede estar asentada sobre la desaparición forzada de un trabajador que reclama salario y condiciones dignas», destacó el legislador Mango (FG-FpV).
«A más seis años de la desaparición de Daniel, y tras un largo estancamiento de la causa judicial, se dictó sentencia. Aun así, la no aparición del cuerpo de Solano, marca claramente que este no fue un caso más, sino que cuenta con el agravante de haber sido perpetrado en democracia por efectivos pertenecientes a la policía de Río Negro. En este caso puso en evidencia el trato que reciben los trabajadores temporarios, la dudosa participación de firmas, como AgroCosecha SRL, que funcionan como empresas tercerizadas de grandes compañías frutihortícolas y la utilización de la policía provincial como fuerza de choque de dichas empresas contra los trabajadores que no se disciplinan a las directivas patronales. Por ello, la desparición forzada y muerte de Daniel Solano, marca una imperiosa necesidad de reestructurar la fuerza provincial», concluyó el parlamentario rionegrino (FG-FpV).
Finalmente, el legislador Marcelo Mango (FG-FpV) indicó «resta saber qué hicieron con Daniel, ya que ni los condenados, ni los autores ideológicos, ni los encubridores y cómplices no dijeron qué hicieron con Daniel Solano».
Crónica
Francisco Daniel Solano, un joven de 27 años de la comunidad indígena Misión Cherenta, viajó en el año 2011 desde Tartagal, provincia de Salta, hasta la localidad rionegrina de Lamarque para trabajar en la temporada de raleo y cosecha de manzanas.
Llegó a la zona el 10 de octubre para comenzar con las primeras tareas en los montes de manzana. Fue reclutado por Agrocosecha S.R.L., que tercerizaba el servicio para la multinacional Univeg Expofrut SA, ubicada en la localidad de Lamarque.
Para las temporadas frutícolas del Valle Medio llegan, todos los años, alrededor de 400 trabajadores «golondrinas» para trabajar en esta empresa. Provienen de comunidades indígenas de la provincia de Salta y de barrios humildes de Tucumán y de Santiago del Estero. Los trabajadores son alojados en pésimas condiciones y en muchos casos no les cumplen las promesas salariales recibidas en sus localidades de origen.
La noche del 5 de noviembre de 2011 el joven Daniel Solano fue con un grupo de compañeros de trabajo al boliche bailable «Macuba» de la ciudad de Choele Choel, del que fue retirado de manera violenta por agentes de la policía, pasadas las tres de la mañana. Hasta el presente Solano se encuentra desaparecido.
La hipótesis señalaba que Solano fue capturado por un grupo de policías, vinculados a la empresa para la que trabajaba, para darle un escarmiento y en ese contexto habría sido asesinado. En los días previos a su desaparición el joven salteño había reclamado a la empresa por salarios impagos y por las malas condiciones laborales a las que él y sus compañeros estaban siendo sometidos.
El caso Solano tiene una causa principal que es la del homicidio, vejaciones y privación ilegítima de la libertad. Durante el desarrollo de la causa declararon 400 testigos, 22 policías fueron imputados y a partir de diferentes denuncias de abusos policiales se desprendieron 25 causas conexas. También intervino la Policía Federal por una denuncia de trata de personas con fines de explotación laboral y con participación de miembros de Gendarmería Nacional se hicieron pericias que permitieron constatar construcciones sospechosas en la unidad policial de Choele Choel.
El 4 de mayo de 2012, el Señor Gualberto Solano, en atención a la información que le brindan sus abogados sobre la investigación realizada por la querella, denunció ante el Fiscal Guillermo Bodrato, que hubo una «orden» y la consecuente planificación y ejecución del homicidio de su hijo Daniel, sindicando como «asesinos» a los agentes de la policía Sandro Berthe, Juan Barrera, Pablo Bender y Héctor Martínez, quienes se lo llevaron esa madrugada del 5 de noviembre de 2011. Agrega además que los dueños de Agrocosecha Adrián Lapenta, Pablo Mercado, Gustavo Lapenta «son participes necesarios y autores ideológicos del encubrimiento y de la muerte de su hijo», solicitando se adopten las medidas del caso y de todas las personas mencionadas en la denuncia.
