La causa penal por defraudación contra el Estado de Río Negro estaría llegando a su fin con un condenado y tres personas que devolverán el dinero a cambio de quedar sin antecedentes penales.
Tres de los jóvenes que participaron de la defraudación contra el Estado provincial en el uso de tarjetas YPF en Ruta aceptaron devolver el dinero y mantener pautas de conducta, por un año, para quedar libres de antecedentes penales.
En una audiencia de Suspensión de Juicio a prueba que se realizó el viernes 19de marzo, se definió que uno de los imputados pague 28.000 pesos en tres cuotas, otro 6.500 pesos y el tercero 2.500 pesos. Los recursos irán a las Cuentas Generales de Río Negro. Además de la reparación económica, tendrán que fijar domicilio por un año.
El acuerdo fue aceptado por el juez Juan Brussino que valoró al ausencia de antecedentes de los imputados y que «se repara la totalidad del daño causado».
La respuesta desde el Ejecutivo provincial fue diferente. La Fiscalía de Estado rechazó la propuesta para no perder la oportunidad de reclamar un resarcimiento civil, una posibilidad que permanecerá abierta. En el caso de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, no hubo planteos ni reclamos salvo el aparente inicio de investigaciones en el tema.
La causa se inició en agosto de 2020 cuando el Ministerio Público Fiscal acusó a 6 hombres -dos de ellos choferes del Ministerio de Obras y Servicios Públicos- de realizar maniobras entre los meses de enero y julio de 2019, con dos tarjetas pertenecientes al programa «YPF en Ruta» y perjudicar al Estado provincial en más de 50.000 pesos.
Según la acusación fiscal, usando las patentes asignadas a vehículos oficiales y las tarjetas pertenecientes a los dos empleados públicos, otras cuatro personas compraban lubricantes y cargaban combustible que después pagaba el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia.
Fue el propio organismo provincial el que presentó la denuncia penal por los hechos ocurridos durante algunos meses del año 2019.
Finalmente, los primeros días de febrero, 1 de los dos choferes imputados -de apellido Soto- reconoció su responsabilidad y se comprometió a devolver 50.000 pesos. Además, desvinculó al otro chofer y a otra persona más que estuvo imputada, por lo que ambos serán sobreseídos.
La fiscalía pidió también 2 años de prisión en suspenso y la inhabilitación para ocupar cargos públicos que impliquen administrar fondos o manejar dinero.
Fuente: VDM Noticias
