Este viernes se realizó un juicio abreviado. Gatica ofreció 5 terrenos que no están a su nombre. Para la Tesorera Sale pidieron «probation» pero el fiscal la rechazó. La situación la definirá el juez Alvarez.
Alejandro De la Cruz Gatica aceptó su responsabilidad en la defraudación al Estado de Río Negro en el uso de los fondos públicos que debían estar destinados a cubrir la demanda habitacional de los empleados de la Legislatura provincial, desde el año 2010 hasta el 2018.
El secretario General de la Asociación de Empleados Legislativos (APEL) fue acusado como «autor de defraudación por administración infiel y por abuso» en, al menos, 40 millones de pesos y 172.000 dólares de dinero público correspondiente al Fondo Social de Vivienda creado por ley para ser administrado por el sindicato.
Algunas de las operaciones que se le endilgan son el «manejo de fondos públicos deficiente, incompleto y confuso» sin comprobantes de adquisición y desdoblamiento de cheques para «imposibilitar el control»; desaparición de más de 2 millones de pesos en relación a lo ingresado y lo rendido; y la compra irregular de lotes en Las Grutas, en el Balneario El Cóndor y en Bahía San Blas (compradas por Gatica a título personal).
Además, vendió lotes sociales a personas que no eran empleados legislativos y que tomaron la oportunidad como inversión inmobiliaria comprando, incluso, más de un lote. También, de usar el dinero público con destino no autorizado como la compra de dólares que nunca fueron rendidos y de los que se desconoce su destino.
Todas las maniobras fueron ordenadas en 3 delitos que prevén penas de 2 a 6 años pero al estar realizados en concurso real se redefinen de 3 (de mínima) a 18 años de prisión (de máxima).
Durante la audiencia de Juicio Abreviado que se realizó este viernes al mediodía sin la presencia de público ni prensa, Gatica reconoció que cometió los hechos por los que fue imputado: «Si, lo acepto tal cual como lo planteó el Ministerio Público Fiscal», dijo.
En ese marco, la acusación a cargo del fiscal Juan Pedro Puntel y la defensa ejercida por el abogado Damián Torres acordaron que, además de asumir la responsabilidad de los hechos, se establezca la pena de 3 años de prisión en suspenso, el ofrecimiento de 5 terrenos valuados en 150 mil dólares (15 millones de pesos), y pautas de conducta por 3 años (fijar domicilio, mantener buena conducta y no beber alcohol en la vía pública). La condena penal, implica también la exoneración de la Legislatura de Río Negro.
«Lo hemos hablado, estamos totalmente de acuerdo con lo que está ofreciendo al tribunal. No tengo ningún tipo de objeciones para lo que planteó el doctor Torres», ratificó Gatica.
El fiscal Puntel planteó su acuerdo porque «son hechos extensos y por cuantiosas sumas de dinero que nos permiten alejar del piso mínimo de prisión que es de 2 años». «Ese alejamiento obedece al daño y la naturaleza del hecho que se le imputa», remarcó.
Respecto a la reparación económica para el erario público, indicó que «hemos hecho nuestras pericias y los bienes ofrecidos rondan en esos valores».
«La pena se justifica por el trabajo de introspección que significa el reconocimiento de los hechos, de la calificación legal de esta pena y de esta pauta de conducta que operan sobre la conciencia de Gatica. Este es el fin de la pena, que la persona a condenar asuma la pauta social quebrada y se resociabilice y la respete», concluyó.
Por su parte, el representante de la Fiscalía de Estado, Guillermo Rosbaco, acompañó el acuerdo pero subrayó que «debe quedar aclarado que la pauta de conducta de transmitir la propiedad de bienes no implica ninguna renuncia del Estado a perseguir la indemnización por las vías civiles que correspondiere, si fuera el caso y si existiere acción resarcitoria».
Situación de María Stella Sale
Para la ex-Tesorera de la Asociación de Personal de Empleados Legislativos (APEL) acusada como «partícipe necesaria» en los mismos hechos y maniobras, la Defensa pidió la Probation o suspensión de juicio a prueba que no implica reconocer la autoría pero conlleva acciones para remediar el daño.
En este punto, el defensor Damián Torres volvió a pedir que se considere que Sale no cometió los delitos siendo empleada pública en ejercicio de su función, sino por ser empleada del sindicato al que toma como una entidad independiente del Estado.
«La imputación que se ha llevado en concreto tiene que ver con un hecho que se le imputó como titular de finanzas de APEL y no por ejercicio de la función pública; fue como tesorera de la entidad gremial», insistió.
En ese marco, ofreció 200 horas de tareas comunitarias en merenderos de Viedma durante 3 años. Y una compensación económica en 38 cuotas de 60 mil pesos mensuales (con un plus extra de 40.000 pesos en las cuotas 13 y 25).
La Fiscalía mantuvo su oposición a dar el beneficio de una probation por lo que la decisión quedará en manos del juez Marcelo Alvarez.
El fiscal Juan Pedro Puntel planteó que tanto Sale como Gatica «están imposibilitados de acceder a la suspensión porque tienen una responsabilidad mayor». Si bien reconoció que «el reproche y la responsabilidad son menores» para Sale planteó que «la Fiscalía se va a oponer porque entiende que ya no es el momento».
Según los argumentos que planteó Puntel tiempo atrás, a ellos dos se les aplica la Convención Anticorrupción de Naciones Unidas.
«Esa convención es mucho más amplia que nuestra legislación. Nuestro Código Penal, en las interpretaciones existentes, no nos permite encuadrar este hecho como ejercido en la función pública pero la convención es más amplia y lo encuadra como corrupción económica«, indicó.
«Eso impide que podamos aceptar el juicio a prueba para Gatica y Sale, más allá de lo que ofrezcan y aunque la reparación económica sea total. La única posibilidad de una recomposición del conflicto es mediante una condena«, aseguró.
Un detalle en los terrenos que ofreció Gatica
Durante la audiencia se produjo una llamativa situación: se tuvo que debatir la entrega de los 5 lotes porque no están a nombre de Gatica.
Según señalaron, están dentro del Loteo La Ribera de Viedma que abarca más de 8 hectáreas en la Nomenclatura Catastral 18-2-550675.
«Los bienes son de un tercero que los ofreció. No hay impedimento de convocarlo para que haga traslado del dominio sin problemas», aseguró Gatica.
El juez Alvarez planteó fijar la obligación de entrega de lotes o de su sustitución por dinero en pesos en un plazo de 3 meses para dar tiempo al pase la titularidad.
Si bien muy por arriba se expresó que el sindicalista «los consiguió» y no se realizaron mayores preguntas, dejó flotando la duda sobre cuántos lotes más que no están a su nombre, podría «conseguir» el condenado para resarcir al Estado.
Por Natalia Gili para VDM Noticias
