La Fiscalía formuló cargos contra cinco personas a quienes considera partícipes necesarios de diversas maniobras defraudatorias impulsadas por el Secretario General del gremio APEL, Alejandro Gatica quien obró violando sus deberes y los intereses pecuniarios confiados, defraudando al Estado provincial y causándole un perjuicio económico por un monto que aún no ha sido determinado.
Las diversas maniobras defraudatorias fueron efectuadas entre los años 2010 y 2014, con el dinero correspondiente al Fondo para la Vivienda y el Turismo Social del Personal Legislativo creado por Resolución 04/2010 del Parlamento rionegrino. Por ellas se les endilga a estos cinco imputados el delito de Defraudación en perjuicio de la administración pública y falsificación de documentos privados en calidad de partícipes necesarios. Resta hacer lo propio con otros cinco imputados que hoy no asistieron por cuestiones personales de sus abogados.
En este marco se formuló cargos a G. A. por haber vendido un inmueble que Gatica compró a título personal, del cual el vendedor no acreditó titularidad. Además, el mismo no era susceptible de división, las parcelas no coinciden con los planos y, entre otras irregularidades, no existe certificado ni sellado del documento.
El mismo empresario, en sociedad con otro de los imputados A. L., conformó la sociedad GAL SRL, que celebró un contrato con Gatica para enajenar dos manzanas por un monto de $1.188.000. Tres años después, en 2015, otro de los imputados adquirió en $1.300.000 un inmueble situado en dichas tierras. Los integrantes de la Sociedad no acreditaron vínculo jurídico sobre el inmueble, ni precio en relación a los valores de mercado.
La misma sociedad vendió a Gatica 138 parcelas que días antes había adquirido por 5 millones y medio de pesos, a $8.781.900, monto que implicó un notorio sobreprecio en perjuicio del Estado Provincial. El inmueble, a su vez había sido vendido por sus originales dueños en una suma incierta pero ostensiblemente menor.
La Fiscalía representada por el Fiscal Juan Pedro Puntel y la Adjunta Paula de Luque, formuló cargos además contra G.M.E., A.O.; R.A. y Y.I. por haber vendido a Gatica un inmueble de 20 hectáreas en una suma superior a los 15 millones de pesos, implicando ello un notorio sobreprecio ya que había sido adquirido en fecha contemporánea a $8.833.200, pero había sido vendido a 590.000 por los originales propietarios. Toda la operación fue realizada por los imputados sin acreditar vínculos jurídicos y omitiendo concurso de precios.
Como sustento probatorio, la acusación detalló que cuenta con la documentación aportada por la denunciante, aquella secuestrada en un allanamiento efectuado a la sede de Apel, expedientes originales de la Legislatura de Río Negro, informes de escribanías, casas de materiales, bancos y de aquella investigación efectuada por el Tribunal de cuentas.
El Juez Ignacio Gandolfi hizo lugar a la formulación de cargos y admitió los cuatro meses que, en principio, llevará la investigación. En ese lapso la fiscalía pretende concluir una pericia contable efectuada por un contador perteneciente a la Procuración General que determinará fehacientemente el monto del perjuicio al Estado.
Cabe recordar finalmente que sobre la totalidad de los imputados continúan vigentes las medidas cautelares de inhibición general de bienes de los imputados que fuera dispuesta por el entonces Juez de Instrucción.
