Con el fin de posibilitar el pago del IPROSS a las farmacias no involucradas en la investigación penal, la Fiscalía de Estado logró el embargo al Colegio de Farmacéuticos.
En virtud de la medida ordenada por la jueza de Garantías, Natalia González, la entidad colegiada deberá retener preventivamente las sumas que tengan para cobrar las farmacias involucradas. De este modo se busca reparar parte de los daños provocados al patrimonio provincial, en el término de seis meses.
El dinero que transfiera la obra social provincial al Colegio y que tuviera por destino el pago a los farmacéuticos individualizados, no llegará a los mismos, y quedará embargado hasta tanto se resuelva la investigación penal en curso.
A pedido de la Fiscalía de Estado, en su calidad de Querellante, la Jueza de Garantías ordenó asimismo la inhibición general de bienes de los farmacéuticos imputados, conjuntamente con la empleada del colegio (también imputada).
