El fiscal Guillermo González Sacco dio detalles sobre la millonaria estafa de Siglo XXI

Desde hace meses el Ministerio Público Fiscal y la Brigada de Investigaciones de la Policía investigan una estafa millonaria contra empresas de servicios públicos. En 2021, la firma que ofrecía el servicio de cobranza cerró sorpresivamente sus puertas.

La empresa Siglo XXI cerró sorpresivamente la sucursal de Viedma en el 2021 y ahora se conoció una denuncia penal por una estafa millonaria a empresas, públicas y privadas, que usaban sus servicios de cobranza.

Edersa, ARSA y Pago Fácil impulsaron la causa contra la presidenta de la firma y el apoderado en Viedma. Solo ARSA reclama unos 14 millones de pesos. Según trascendió, el total podría rondar los 140 millones. Todavía no queda claro si esa estafa corresponde a las 14 sucursales que tenía en distintas provincias o solo a la capital de Río Negro.

El fiscal Guillermo González Sacco informó que la causa está caratulada como «estafa» pero evitó dar detalles de los montos y pidió resguardar los datos de los imputados hasta que se realice la audiencia de formulación de cargos.

«Tenemos tres hechos para imputar, con tres empresas distintas. En ese marco trabajó intensamente la parte contable del Ministerio Público Fiscal porque había mucha documentación» indicó para detallar que «generalmente operaba en dos etapas, los usuarios pagaban impuestos y servicios en Siglo XXI, y ellos por convenio daban aviso a las empresas con el objetivo de que no se corte el servicio».

«A posteriori debía remitir dinero haciendo una deducción de su comisión. Entonces, daban aviso, pero no remitían los importes», describió González Sacco.

Si bien la formulación de cargos estaba prevista para hoy, se pospuso para el 16/3 para contar con una sala de audiencias acorde a la cantidad de personas que intervienen en el caso (además de la fiscalía, hay dos querellas y dos defensas).

Edersa y Pago Fácil están representadas por los abogados Manuel Maza y Luciano Perdriel mientras que ARSA tiene el patrocinio de la Fiscalía de Estado. Los acusados están representados por los defensores públicos Pedro Vega y Juan José Álvarez Costa.