La justicia civil accedió a una demanda que obliga al Estado de Río Negro a pagar un resarcimiento económico por la negligencia en la investigación que terminó sin resolución por el homicidio ocurrido en Viedma, en el año 2008.
En un fallo inédito para la provincia de Río Negro, un Juzgado Civil de Viedma hizo lugar al reclamo de la familia de Atahualpa Martínez Vinaya y condenó al propio Poder Judicial a pagar un resarcimiento económico por los daños ocasionados al no resolver el homicidio del joven, ocurrido el 15 de junio de 2008 en Viedma.
Según la sentencia, la «negligencia» en el desempeño de la policía y de los funcionarios judiciales provocó una extensión en el tiempo de la investigación y la consecuente impunidad y sufrimiento para los familiares de la víctima.
«El Estado tiene una obligación de investigar un ilícito y, por negligencia de sus operadores, la Policía, la estructura del Ministerio Público Fiscal y todo el Poder Judicial, no se pudo averiguar la verdad del hecho», indicó el abogado Fabio Igoldi para señalar que se trata de una resolución «inédita» a la demanda que iniciaron hace dos años atrás la hermana, un sobrino y el padre iniciaron por «daños y perjuicios por impunidad».
En diálogo con el programa Buscando la vuelta, de radio Nacional Viedma señaló que en la provincia hay un solo caso como antecedente, en Río Colorado, que no llegó a juicio porque el Estado alcanzó un acuerdo económico con los familiares. En este caso no ocurrió lo mismo.
Igoldi explicó que se trata del «único fallo en la provincia» porque en general, la responsabilidad del Estado se asume cuando «hay un accionar en un dependiente, como un empleado policial, por ejemplo».
«Pero con las responsabilidades del Poder Judicial se es mucho más restrictivo porque el Estado tiene una responsabilidad de medios, no de resultados. Cada vez que un juez falla o se nulifica una causa, o hay un sobreseimiento, ese solo hecho no ocasiona una responsabilidad del Estado. Pero en este caso en particular hay otros elementos», aclaró.
Entre las pruebas que presentaron para demostrar el daño ocasionado y la responsabilidad estatal figuran el juicio político a quien estuvo a cargo de la Investigación, la ex fiscal Daniela Zágari, en el que se la responsabiliza por «negligencia», un informe de una comisión del Poder Legislativo que también especifica responsabilidades en la Policía y en el Ministerio Público Fiscal por no encontrar los autores del hecho. A eso se añade una pericia médica sobre el deterioro en la salud de la mamá de Atahualpa, Julieta Vinaya, quien falleció en el proceso que continúa impune.
«No es que el Estado puso todos los elementos y no se pudo obtener un resultado. Estos organismos dijeron que la responsabilidad fue la negligencia de los operadores de estos organismos. Hay una pericia médica en el expediente civil que determinó que la causa de muerte de Julieta Vinaya fue el reclamo de justicia. La pericia no fue impugnada por el Estado. Determina que la enfermedad de Julieta se produce por el fatigoso tránsito del proceso penal. A Julieta la mató la muerte de su hijo y el Poder Judicial», definió Igoldi.
A partir de ahora, la Fiscalía de Estado de Río Negro tiene 10 días para hacer cumplir la reparación económica que establece el fallo o para apelarla ante la Cámara Civil de Viedma.
«No me extrañaría que apelen. Ya hicieron transitar más de 15 años de dolor a una familia y por lo que pude hablar con los distintos estamentos para intentar arribar a un acuerdo, no tienen ningún prurito en que transiten otros 5 o 10 años para seguir haciéndola sufrir», agregó el abogado.
Fuente: VDM y Radio Nacional
