Diez años de prisión para un expolicía federal por privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos a una prisionera política

Foto: fiscales.gob,ar

Así lo dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de San Martín. Además, se le impuso al excomisario retirado Roberto Álvarez la inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cargos públicos. Los jueces solicitaron también que se proceda a su baja por exoneración. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 14 de junio de 2023.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de San Martín condenó al excomisario retirado de la Policía Federal Argentina Roberto Álvarez a 10 años de prisión al considerarlo coautor de los delitos de “privación ilegítima de libertad agravada por mediar abuso funcional e imposición de tormentos agravada por la condición de perseguida política de la víctima”, en perjuicio de Aixa Bona, integrante de la organización Montoneros, quien había reconocido al acusado cuando éste se presentó en un juicio anterior. La decisión fue en línea con lo solicitado por la auxiliar fiscal Gabriela Sosti en su alegato.

Además, se le fijó a Álvarez una inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. De este modo, los jueces Matías Alejandro Mancini, Carlos Esteban Rodríguez Eggers y la jueza María Claudia Morgese Martín tuvieron por probados los hechos investigados y declararon que constituían crímenes de lesa humanidad. A instancias de la Fiscalía General N°1 ante los TOF de San Martín, dispusieron también que se comunique lo resuelto al Ministerio de Seguridad de la Nación “a fin de que se dé inicio al proceso de baja por exoneración del condenado y de suspensión del goce de todo retiro, pensión o jubilación de la que pudiere estar gozando”. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el miércoles 14 de junio.

Los hechos

Edith Aixa María Bona fue detenida el 27 de agosto de 1980, horas antes del secuestro de su compañero, Gervasio Guadix, quien esa noche no regresó al domicilio de Capital Federal en el que vivían. Esa mañana, luego de salir a las 7.30 de su casa, Bona fue detenida por un grupo de hombres armados y vestidos de civil, que se trasladaban en dos autos particulares. Tras forcejar con la mujer, le apretaron el cuello y la subieron a la fuerza a uno de los vehículos, donde la ubicaron en el piso de la parte trasera. Durante el trayecto la encapucharon, la golpearon y le cortaron la respiración.

La víctima fue llevada a Campo de Mayo, donde permaneció esposada y encapuchada en el interior de un cuarto precario, con gente que la vigilaba. Allí, la interrogaron y golpearon. Luego, una de las noches del 29 o 30 de agosto de 1980, Bona fue ubicada a la parte trasera de un automóvil y trasladada desde ese centro clandestino a la Delegación San Martín de la Policía Federal Argentina, que encabezaba Álvarez.

Según el testimonio de la víctima, en ese trayecto el excomisario retirado -qué se ubicó al lado del chófer- le dijo que la iban a trasladar a la dependencia policial. A mitad de camino, el policía le sacó la capucha y se puso a conversar con ella. Allí le contó que Guadix seguía detenido en Campo de Mayo.

Bona permaneció privada de su libertad, durante una semana, en las instalaciones de la delegación policial. Durante su cautiverio estuvo esposada de los pies a un catre y no se le dio de comer. Finalmente, fue trasladada a la unidad carcelaria de Devoto y recuperó su libertad en diciembre de 2023.

En agosto de 2020, Bona reconoció a Álvarez, cuando éste declaraba testigo en el juicio en el que se condenó a prisión perpetua a cinco militares de inteligencia por los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios contra 94 militantes de la Agrupación Montoneros, cometidos entre 1979 y 1980 durante la denominada “Contraofensiva”. A partir del reconocimiento, se inició una investigación contra Álvarez por delitos de lesa humanidad.

El debate

El 19 de abril pasado comenzó el juicio contra Álvarez, a quien se le imputaron los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por su calidad de funcionario público e imposición de tormentos agravados por tratarse la víctima de una perseguida política.

Durante su alegato, la auxiliar fiscal Sosti caracterizó a los hechos como “un eslabón más de la cadena de crímenes masivos de agresión definitiva a la humanidad, planificados y perpetrados por el aparato genocida” y agregó que “integrantes de la Policía Federal dieron su presente en cada centro clandestino donde el dolor y la muerte iban al unísono”.

En tal sentido, destacó que “para entender mejor el rol que empeño Álvarez y su empatía con el plan de exterminio, es importante repasar que el rol que desempeñó toda la policía en Defensa IV [la zona militar que tenía su jefatura en la guarnición Campo de Mayo] fue el de responder a las necesidades que determinaba el Ejercito para el despliegue del exterminio: integrar las patotas de secuestro y los lugares de cautiverio y tormento; habilitar las comisarias como centros clandestinos; e integrar la comunidad de inteligencia”.

Durante su exposición, la representante del Ministerio Público Fiscal también describió las condiciones de detención que Álvarez le hizo padecer a Bona: “Falta de alimentación, falta de higiene, falta de atención sanitaria, de asesoramiento jurídico, incomunicación prolongada, ausencia sobre su destino, son algunos ejemplos de tormentos”, sostuvo. “Todos ellos se verificaron en este caso, pero además la tortura física concreta del engrillamiento de las heridas que le produjo esto y del tratamiento vejatorio, obligándola a dormir en el piso engrillada con la luz prendida”, indicó Sosti y remarcó que “no hay ningún elemento que impida declarar la culpabilidad y ninguna causal, justificación o excusa para su accionar”.

Por este motivo, la auxiliar fiscal requirió que Álvarez fuera condenado a 10 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, al tiempo que solicitó que, en la sentencia, se instara a los organismos correspondientes a la pérdida definitiva del estado policial que Álvarez conserva por su condición de efectivo retirad.

Por su parte, las querellas que representaban a Bona y su hija, a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y a la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, habían pedido que se lo condenara a 20 años de prisión.