El Defensor General de Río Negro, Ariel Alice participó durante esta semana de diversas reuniones en el ámbito del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales, debatiendo entre otros temas el anteproyecto de ley de Responsabilidad Penal Juvenil que el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Nación envió al Congreso de la Nación.
(Documento completo en https://goo.gl/V6ryu8)
El tema, que ocupa especialmente a estos funcionarios judiciales, implicó la redacción de un documento en el que manifiestan su objeción a la baja de la edad de imputabilidad que plantea el mencionado anteproyecto. El mismo fue entregado en una reunión que mantuvieron con el Subsecretario de Justicia y Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan José Benítez.
Los defensores fueron enfáticos al sostener que “en ningún caso la solución razonable a la problemática penal juvenil es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 15 años” sino “la fijación de reglas estrictas que restrinjan toda medida coercitiva a quienes se encuentran por debajo de la edad de imputabilidad actualmente vigente”.
Afirmaron asimismo que esta “particular decisión de política criminal” debería estar sustentada en una “base empírica que le de apoyo”; en cambio el Poder Ejecutivo Nacional alude únicamente a un “consenso” que no es, así descripto, un argumento válido.
Ante ello sostuvieron que “valerse de forma inmediata e irreflexiva del ámbito penal juvenil para atender algún fin social implica desconocer la protección de derechos de este grupo etario”.
“Obviamente la realización de un hecho grave por parte de un niño, niña o adolescente contra los derechos de otra persona, y pasible de ser subsumido a priori en alguna figura tipificada en el Código Penal, merece nuestra atención como sociedad” destacan, aunque aclaran que “la operatividad del sistema penal juvenil representa una forma extrema” de tratar dichos conflictos máxime cuando debería el Estado “contar con una alta dosis de legitimidad ante ellos”.
“Resulta claro que el Estado argentino no cuenta con soluciones menos lesivas de los derechos y libertades de los Niños, niñas y adolescentes que aplicar el Código Penal”, manifiestan los defensores.
“Existen instrumentos distintos a la aplicación directa de pena formal a las personas menores actualmente “inimputables” que pueden utilizarse ante una hipotética escalada delictiva en el segmento propio de la criminalidad urbana considerada grave. Políticas de prevención y disuasión de las causas de la conflictividad social que involucra a los niños, niñas y adolescentes deben ser prioritarias y eventualmente agotadas antes de acudir a la previsión legal de la baja de la imputabilidad penal”.
“Existe – agrega por último el documento- una inocultable tensión entre la decisión política estatal dirigida a bajar la edad de imputabilidad penal y el reconocimiento pleno de los derechos y garantías de estos sujetos privilegiados”.
La respuesta penal para aquellos conflictos protagonizados por niños, niñas y adolescente “merece sumo cuidado por los riesgos y peligros que trae aparejado para el recorrido vital de quien se encuentra en una etapa de formación psicológica y vital”, destacan y aluden a aquellos tratados internacionales con jerarquía constitucional que refieren a los “múltiples problemas que la aplicación de una pena genera en la propia vida del niño/a”.
Por ello culminan el documento reclamando que la Argentina “apruebe una ley general de Justicia de menores que se ajuste a la Convención de los Derechos del Niño y a las normas internacionales de justicia de menores” especialmente “en relación con la garantía de que la detención se utilice como último recurso y durante el menor tiempo posible y que excluya disposiciones que aumenten las penas o reduzcan la edad de responsabilidad penal”.
