En la jornada de hoy comenzó el debate contra los referentes del poder ejecutivo durante los años 2004 y 2011, por diversos delitos vinculados con la administración de fondos públicos.
Se le imputa a quienes se desempeñaron al frente del Ministerio de Coordinación y la Secretaria General de la Gobernación, César Barbeito y Francisco González respectivamente, el delito de peculado en calidad de autores, mientras que a Sergio Pendas, Aníbal Hernández, Diego Larreguy, Juan Acattino, Alfredo Pega, Cristina Uría, Omar Contreras y José Ongaro se los considera partícipes necesarios de dicho delito.
Finalmente, a Gustavo Pichi y Daniel Bossero se los acusa del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la requisitoria de elevación a jucio realizada por la Fiscal Paula Rodríguez Frandsen, los hechos se dieron a partir de un decreto del ex gobernador Miguel Saiz que autorizaba, por fuera de los mecanismos administrativos de pago de haberes, el pago de un adicional por dedicación exclusiva a funcionarios y autoridades superiores.
Según el documento de elevación a juicio «ésto se ejecutó e hizo efectivo mediante una modalidad no autorizada para el pago de haberes, librándose cheques a la orden del Ministro Coordinador o Secretario General de la Gobernación, según la época, o de funcionarios de esa área, para ser cobrados en ventanilla bancaria, sustrayendo los fondos de la esfera de control de la Administración».
«De ese modo, soslayando la inclusión del suplemento en la pertinente liquidación de sueldos de los beneficiarios y su bancarización a través del depósito en la cuenta sueldo habilitada por la Administración Central a esos efectos, se habría evitado el control de la ejecución de las sumas del presupuesto general de recursos y gastos del Poder Ejecutivo, destinadas a gastos de personal (masa salarial), con la consiguiente separación de esos fondos públicos de la esfera de control de la Administración de la que se habrían sustraído dichas sumas arbitraria, solapadamente y con apariencia de legalidad, generando una remuneración no declarada».
La Defensa de los imputados estuvo ejercida por el Defensor oficial Pedro Vega y los abogados particulares Juan Carlos Chirinos, Oscar Pandolfi, Carolina Cardella y Damián Torres.
Cuestionaron los requerimientos de elevación a juicio, manifestando que no estaban claros los hechos imputados, lo que perjudicaba el derecho a defensa de los imputados, entre diversos planteos que consideraron nulificantes del proceso.
El Fiscal Jefe, Hernán Trejo respondió a su turno los diversos planteos destacando que consideraba «debidamente precisada la calificación legal en el requerimiento de elevación a juicio. Cada uno de los imputados ha sido indagado, han apelado, la Cámara ha ratificado los procesamientos – expresó a modo de ejemplo-. Pasó cada uno de ellos por la etapa precaria y de certeza, que preveía el viejo código procesal penal por lo cual claramente se ha respetado el derecho de defensa».
Al momento de decidir, el Tribunal compuesto por los jueces Gustavo Guerra Lavayén, Marcelo Valverde e Ignacio Gandolfi, consideró que «más allá de algún grado de imprecisión que no consideramos relevante, la descripción del hecho satisface los requerimientos de tiempo, modo y lugar», dándole continuidad al debate.
Asimismo, ante la inasistencia de Daniel Bossero por cuestiones de salud, determinaron que será juzgado en un proceso posterior, excuyéndolo del presente.
Luego de ello declararon el ex Secretario General, Francisco Gonzalez y el ex Ministro de Coordinación, César Barbeito. La próxima audiencia de debate se desarrollará el lunes 25, previéndose las primeras declaraciones testimoniales.
