Colque y Rendón: dos femicidios con historias similares y un abismo en las respuestas del Estado

Los femicidios de Patricia Rendón Rodríguez (2022) y Silvia Vásquez Colque (2017) tienen tantos puntos en común que vale la pena repasarlos porque muestran un abismo en la actuación de la Policía de Río Negro, del Ministerio Público Fiscal, del Gobierno Provincial y del Estado Plurinacional de Bolivia.

Tanto Patricia como Silvia eran inmigrantes de Bolivia en Río Negro. Tenían edades similares (31 y 33), formaron familia con inmigrantes como ellas con quienes tuvieron hijos. Las dos se habían separado y estaban en una nueva relación. En ambos casos, habían denuncias previas por violencia de género.

Con 5 años de distancia, a las dos les borraron violentamente el sueño de rehacer su vida en otro lugar. Y las últimas personas que las vieron con vida fueron sus ex parejas.

El 4 de junio de 2017 por la madrugada, Silvia Vásquez Colque se retiró de su hogar en Viedma junto a Marcos Thola Durán. Al día siguiente, cuando le preguntaron por ella, el hombre afirmó que se había ido temprano a la Guardia del hospital y no había vuelto. Dijo que «le dolían las heridas» que él mismo le había provocado, con una cuchilla, seis meses antes. Luego fue a la comisaría, presentó una denuncia por «abandono de hogar» y afirmó que Silvia se había ido «con un novio».

A partir de ese momento, se instaló definitivamente en la vivienda familiar a la que tenía una prohibición de acercamiento que nunca respetó. Los antecedentes de violencia no despertaron ninguna sospecha en la Policía que debía estar informada del caso y de la restricción.

Silvia administraba una despensa en la misma casa en la que vivían, en el barrio 30 de Marzo. Tenía más de 17 años de relación y 4 hijos con Thola Durán. Separarse no era fácil. Ese era un tema de conversación con sus amigas y, a la distancia, también con su hermana.

Un mes después de su desaparición, una de esas amistades viajó desde Bahía Blanca a Viedma, preocupada por la falta de respuesta a sus mensajes. Con mucha insistencia, logró presentar una denuncia para que se inicie la búsqueda y señaló a su ex pareja. Para ese momento, el hombre ya afirmaba abierta (y despectivamente) que Silvia se había ido «con un macho».

Lo cierto es que Silvia no se puso en contacto con nadie, desde la madrugada de ese primer domingo de junio de 2017. No volvió a encender su teléfono, no volvió a usar Facebook, no hay registro de salida de la ciudad, ni de la provincia o del país. A pesar del antecedente del mes de enero de ese año, y de los elementos que se fueron sumando, para la Fiscalía de Viedma no había «indicios suficientes» para investigar la desaparición como un presunto crimen.

Recién un año después, por la movilización feminista de Mujeres Organizadas de la Comarca, comenzó la investigación penal por femicidio y desaparición, que terminó con la condena de Marcos Thola Durán a cadena perpetua. El cuerpo de Silvia sigue sin aparecer.

Esa agrupación señaló, desde un principio, las falencias del Poder Judicial y del Ejecutivo rionegrino (en ese momento a través del Consejo Provincial de la Mujer). También logró que la madre y la hermana de Silvia viajaran a Viedma a dar su testimonio y a presentarse como querellantes con un abogado particular que ofreció su trabajo gratis. El Consulado de Bolivia en Viedma fue otro de los notables ausentes de esta historia.

Cinco años más tarde, el femicidio de Patricia Rendón Rodríguez en Catriel se resolvió en 48 horas. El 28 de junio, la denuncia y advertencia sobre el ex marido que presentó una amiga ante la ausencia de Patricia despertó la sospecha de un efectivo de la Policía de Río Negro que inició las pesquisas y orientó la investigación junto a la Fiscalía.

Todos los elementos que se sumaron con el correr de las horas llevaron a la detención preventiva de Fernando Cronenbold quien, al verse acorralado por los indicios, finalmente informó dónde estaba el cuerpo.

La diferencia en la rapidez de actuación en ambos casos es notable. Apenas se conoció el hallazgo sin vida de Patricia, el gobierno provincial se articuló con el Consulado de Bolivia para facilitar la llegada de la familia desde ese país. En un gesto inédito, se informó que la ministra de Seguridad y Justicia había recibido a la madre en el aeropuerto de Buenos Aires.

Horas más tarde el Ministerio Público Fiscal formulaba cargos contra el acusado. Y desde la propia Embajada boliviana informaron sobre gestiones para repatriar el cuerpo y para que los abuelos maternos puedan llevarse a la hijita de Patricia, de 8 años.

Uno de los puntos más crueles que diferencia a ambos femicidios tal vez sea la situación de las víctimas subsidiarias de estos crímenes.

Mientras se espera que la pequeña se reúna con su familia materna, los hijos de Silvia siguieron viviendo con el padre femicida, hasta mediados del 2020, casi un años después de la condena a prisión perpetua. Los organismos provinciales no trabajaron en la revinculación con la tía y la abuela. Y, hasta el momento, no logran cobrar la reparación económica que prevé la ley nacional 27.452.

El otro punto, tiene que ver con afirmaciones del fiscal del caso de Patricia. En la audiencia de Formulación de Cargos, dijo que el lugar elegido para la desaparición de su cuerpo era tan estratégico que, si el acusado no se quebraba y los llevaba hasta el sitio donde la había enterrado, «nunca la hubiéramos encontrado».

Silvia Vásquez Colque no tuvo esa posibilidad.

 

Nota de Natalia Gili para el portal VDM Noticias repicada por este medio.