Un cipoleño presentó el descargo argumentando en Defensa del Consumidor y paralelamente realizo denuncia penal en sede fiscal por el delito de estafa. También demandó a la mueblería por daños y perjuicios.
El hecho sucedió a fines de diciembre del año 2016, donde el Cipoleño Rubén Domínguez, realizo una compra de un placar en la mueblería llamada “Joyita Sandobal”, ubicada en la calle Esmeralda de dicha localidad. Se le otorgo un crédito personal con su DNI, a lo que le solicitaron que en forma de garantía firme un pagare en blanco, tras haber cancelado dicho mueble en enero del año 2017 dicho cliente nunca fue a retirar el pagare.
En junio del año 2018, a Dominguez le llega una notificación de embargo en virtud que habían ejecutado el pagare por parte de la mueblería en cuestión, por una suma de 15 mil pesos más costas de honorarios del abogado.
Según argumentaron a este medio desde la parte damnificada, dicha mueblería no tomó el recaudo de que el cliente había guardado los comprobantes de pago del mueble. Por lo que el cliente, ahora damnificado se buscó un abogado de instancia civil y planteó la excepción a Defensa del Consumidor. Luego realizó la denuncia penal en la Fiscalía por el delito de estafa.
En lo penal, la mujer dueña de la mueblería fue notificada por el delito de “estafa”. En su descargo argumentó haber conocido al cliente por eso le había prestado dinero y que el mismo se había comprometido a devolvérselo al día siguiente, aduciendo a la vez que en ningún momento el hombre en cuestión había comprado en la mueblería.
Desde Fiscalía realizaron la investigación del caso y como medida judicial allanaron la mueblería desde donde secuestraron documentación en la que se supone constaba que el cliente había realizado una compra. También se realizaron pericias caligráficas que favorecieron al damnificado en cuanto a los resultados.
En noviembre del año 2019 se realizó una audiencia de control de Acusación en la que se solicitó la suspensión de juicio a prueba. El juez interviniente dispuso que la mujer imputada tenga medidas cautelares de conductas siendo unas de ellas, “no cometer nuevos delitos”.
En la parte civil, la Jueza de Paz de dicha localidad, resolvió dar lugar a la excepción presentada por parte del damnificado, devolviéndole el dinero que le habían embargado en su momento.
En el año 2021 el damnificado, a través de su abogado presentó la demanda por “daños y perjuicios” y en el mes de mayo de este 2022 se Inició la primera audiencia, donde el juez deberá resolver de acuerdo a las pruebas presentadas en la causa.
