Tres de los implicados en la causa de corrupción de menores que se investiga en San Antonio Oeste en perjuicio de una adolescente fueron positivamente identificados en una rueda de reconocimiento que se realizó el miércoles.
De la rueda participó una amiga de la víctima. Allí confirmó las identidades del legislador Javier Iud, del intendente Luis Ojeda y de Roberto Fortete, incluso detalló que en varias oportunidades acompañó a la víctima a la casa de uno de ellos donde relató tenía sexo a cambio de dinero y drogas, según consignó el sitio La Palabra.
El testimonio de la joven amiga de la víctima se conoció el miércoles y complica aún más la situación de los hombres acusados por la adolescente, cabe recordar que uno de los seis señalados falleció recientemente por lo que se extingue la acción penal en su contra.
La testigo relato que en varias oportunidades acompañó a la víctima hasta la casa del intendente Ojeda, esperándola en el exterior, y detalló que su amiga le relató que tenía sexo con estos hombres a cambio de dinero y drogas.
Otro de los acusados Eric Héctor Pérez no se presentó a la rueda de reconocimiento y de no hacerlo en las próximas horas la Justicia podría ordenar que sea conducido a la Fiscalía por la fuerza pública, refirió el sitio colega de la Capital de Río Negro.
Con este testimonio todo indica que la causa se encamina hacia a la audiencia de formulación de cargos a pedido de la Fiscalía que podría derivar en la imputación efectiva de Javier Iud, Luis Ojeda, Roberto Dario Fortete, Gastón Alfredo Navarrete y Eric Héctor Pérez.
Cabe recordar que la investigación se inició a mediados de septiembre tras la presentación de una operadora social que denunció hechos ocurridos en 2016 y 2017 que encuadrarían en la figura de corrupción de menores y que habrían tenido con víctima a una adolescente de 15 años.
El hecho investigado es la corrupción del normal desarrollo de la menor víctima mediante el pago a la misma a cambio de actividades sexuales desde enero de 2017 hasta mayo de 2018.
Un interrogante que surge en el caso es por qué las autoridades de la SENAF tardaron unos cuatro meses desde que tomaron conocimiento de los supuestos hechos hasta que formalizaron la denuncia.
