Tras el control de acusación, avanzó a juicio la acusación contra delegados de un sindicato del sector de hidrocarburos acusados de coaccionar a gerentes de una empresa. El debate tendría lugar en un plazo de cuatro meses.
Según la teoría del caso de la fiscalía, los eventos que tuvieron lugar entre las 08:40 horas del 21 de julio de 2020 y el 22 de julio de 2020 a las 20 horas, perseguían el propósito de obligar por medio de coacción a los gerentes de la empresa Petróleos sudamericanos a reincorporar a doce trabajadores que había sido desafectado de la empresa AESA. Además reclamaban algunos pagos atrasados de otras empresas contratistas.
La paralización de actividades en el Yacimiento provocó un perjuicio económico al Estado Provincial y Nacional que asciende a una cifra superior a los tres millones de pesos.
Describiendo con mayor detalle lo ocurrido, el fiscal jefe, Gustavo Herrera, indicó que los hecho tuvieron lugar desde el 21 de julio del año 2020 cuando tres representantes del sindicato de petroleros privados, delegados de distintas empresas, junto a un grupo de personas no identificadas bloquearon el acceso principal al yacimiento Medanito.
Con su accionar, habrían obligado a empleados de la empresa Petróleos Sudamericanos y de otras subscontratistas a no ingresar a sus puestos laborales y a abandonar los mismos a quienes se encontraban cumpliendo servicios.
Cerca de las 08:40, dos de los sospechosos mencionados anteriormente, obligaron a dos trabajadores a abrir un portón de ingreso de la Subestación Transformadora Eléctrica del Yacimiento “Medanito” lo que les permitió realizar un corte de energía en todo el lugar. Ese corte del suministro provocó que una serie de baterias dejen de contar con electricidad y lo anterior puso en riesgo al medio ambiente y a la seguridad común, puesto que los pozos seguían operando pero las instalaciones de captación no lo podían hacer.
Los demás acusados ocuparon por la fuerza la planta de tratamiento de crudo que se encuentra en el Yacimiento y obligaron a los operarios a que cesen en su función, provocando un riesgo de desborde y contaminación.
Por el peligro inminente de afectación al medio ambiente, responsables de la empresa Petróleos Sudamericanos se trasladaron al lugar y restablecieron la energía, siendo intimidados nuevamente por dos de los imputados para que volvieron a dejar sin suministro al lugar. La firma Edersa también vio afectada la alimentación de su estación lo que derivó en la interrupción del servicio de compresión para el abastecimiento de gas de distintas empresas.
La calificación legal en la cual se encuadró el caso es la de coacción e impedimento del normal funcionamiento del servicio público de electricidad o de sustancias energéticas. La querella particular que representa a la firma hidrocarburífera, a cargo de Guillermo Moyano, adhirió a la teoría del caso del Ministerio Público.
La defensa adelantó que su teoría del caso se centra en que los hechos no sucedieron de la forma en la que fue expuesto por la empresa y por los acusadores y que todo lo ocurrido se enmarcaba en un ejercicio del reclamo de legítimos derechos laborales.
Tras la realización del control de acusación, la fiscalía y la querella solicitaron que la causa avance a juicio oral y público. La defensa había instado por otras salidas alternativas entre las que se mencionó el sobreseimiento del imputado.
Para fundar su acusación, la fiscalía convocará a 25 testigos que declararán ante el tribunal sobre lo ocurrido. Entre ellos se encuentran operarios de las contratistas vinculadas a Petróleos Sudamericanos, representantes de esta última, personal policial que intervino ese día y funcionarios de la secretaria de hidrocarburos que llevaron a cabo audiencias buscando destrabar el conflicto.
El juez que dirigió la audiencia, Julio Sueldo, adelantó que en los próximos días dictaría el correspondiente auto de apertura a juicio. De esta forma y según lo previsto en el Código de Procedimiento Penal en un plazo de cuatro meses podrá conocerse la fecha de la realización del debate oral en el cual intervendrá un tribunal colegiado, es decir, integrado por tres jueces profesionales.
