Ante los jueces María Evelina García Balduini, Oscar Gatti y Gastón Martín comenzó este martes el juicio oral y público por el homicidio del trabajador salteño Daniel Solano, ocurrido el 5 de noviembre de 2011 en Choele Choel. Siete efectivos de la Policía de Río Negro afrontan en esta instancia la acusación por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad y posterior homicidio de la víctima.
La acusación pública será sostenida en el juicio por la Fiscal de Cámara Teresa Giuffrida, en tanto que la acusación por la parte querellante corresponde a los abogados Leandro Aparicio y Sergio Heredia, en representación del padre de la víctima, Gualberto Solano.
Las defensas están a cargo de los abogados particulares Oscar Pineda, Pablo Iribarren, Ricardo Thompson y Pablo Barrionuevo y del defensor público Gustavo Viecens.
Ante la importante presencia de público y trabajadores de prensa, la etapa inicial del juicio oral se realiza en el salón Auditorio de la Ciudad Judicial de Roca, una sala equipada con sistema de registración de audiencias en audio y video que tiene capacidad para unas 120 personas sentadas.
Las primeras 5 horas de la audiencia se destinaron a la apertura formal del juicio, a la constatación de los datos personales de los imputados y a la lectura de la requisitoria fiscal de elevación a juicio formulada oportunamente por el ex agente fiscal del Valle Medio, Guillermo Bodrato.
El debate se extendió hasta las 16 con la lectura de la acusación autónoma formulada por la parte querellante.
La próxima audiencia está prevista para el jueves 22 de febrero a las 8.
Las imputaciones
De acuerdo con la requisitoria fiscal de elevación a juicio que se leyó en la audiencia, las acusaciones que pesan sobre los imputados son las siguientes:
Respecto de los policías Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera: vejaciones, privación ilegítima de la libertad, homicidio calificado, todo en concurso real, en carácter de coautores.
Respecto de los policías Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuello: privación ilegal de la libertad, homicidio agravado, todo en concurso real como partícipes primarios, y en concurso ideal con incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, en grado de autores.
Contra el oficial Héctor César Martínez la imputación es: vejaciones, privación ilegal de la libertad, homicidio agravado, todo en concurso real como participe secundario, en concurso real con abuso de autoridad en grado de autor, en concurso ideal con falsedad ideológica en grado de autor.
Cabe señalar que, durante una etapa previa a la realización del presente juicio, las imputaciones hacia los policías tuvieron la calificación legal de «desaparición forzada de persona», motivo por el cual se planteó un conflicto de competencia entre la Justicia Provincial y la Justicia Federal. Resuelta esa instancia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso quedó definitivamente radicado ante los tribunales rionegrinos.
