Teniendo por acreditado el «peligro de fuga» invocado por las partes acusadoras, la jueza de Juicio María Evelina García Balduini admitió una ampliación de la prisión preventiva respecto del imputado Octavio Gigli, quien está próximo a ser juzgado como presunto autor del homicidio ocurrido en Roca el 1 de septiembre de 2015.
Para la jueza, el riesgo de que el imputado intente eludir nuevamente el proceso judicial resulta «absolutamente evidente» a la luz de los fundamentos brindados hoy en la audiencia por el fiscal Luciano Garrido y el abogado por la querella Darío Sujonitzky. Haciendo lugar a la petición de ambos, la jueza amplió por seis meses más la detención cautelar de Gigli, por lo que extendió la medida hasta el 18 de agosto. Se prevé que antes del vencimiento de ese plazo el caso ya debería estar juzgado y con sentencia.
Según resolvió la jueza de manera inmediata a la finalización de las exposiciones de las partes, el peligro procesal de fuga también muestra relación en este caso con el peligro procesal de «entorpecimiento de la investigación», pues consideró que «estando en libertad el imputado tal vez podría ejercer alguna influencia que afecte el normal y sano desarrollo» del resto del proceso. Por la misma razón la jueza rechazó la alternativa brindada por los defensores Patricia Espeche y Ricardo Thompson, referida a una detención domiciliaria con pulsera electrónica, pues «no son medidas que nos garanticen la realización del juicio».
El juicio oral y público está previsto, al menos de manera provisoria, para el próximo mes de abril y se realizará en aproximadamente 10 audiencias, con la participación de más de 60 testigos.
La primera prisión preventiva por 6 meses había sido dictada en el inicio del proceso, apenas fue ejecutada la extradición de Gigli desde Brasil. La cautelar se autorizó desde el 18 de agosto de 2017 hasta el 18 de febrero de 2018. Debido a la proximidad de esa fecha y encontrándose el juicio oral programado para el corto plazo, la Fiscalía solicitó una ampliación de la prisión preventiva en la audiencia realizada hoy y alegó, junto con la parte querellante, que la demora en la realización del juicio se debió a la cantidad y variedad de recursos interpuestos por la defensa en este lapso.
La defensa, por su parte, insistió en un planteo de sobreseimiento del imputado, cuestionó la prisión preventiva y requirió nulidades por «actividad procesal defectuosa» en distintas instancias. Cuestionó además que los peligros procesales para mantener la detención cautelar «fueron invocados, pero no acreditados» e hizo reserva de interponer nuevos recursos contra la presente decisión jurisdiccional.
