El ex intendente de Patagones, Ricardo Curetti fue citado para el 6 de agosto a prestar declaración indagatoria por presunto “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
La notificación a la que accedió el medio radial “FM Señales” es procedente del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcional Federal N° 11 de Buenos Aires, a cargo del mediático juez Claudio Bonadio, a través de la Secretaria N° 22 de María Vanesa Spinosa.
La citación está relacionada a la causa N° 7302 /16 rotulada como N.N S/Abuso de Autoridad y Violación de Deberes de Funcionario Público” y Curetti se tiene que hacer presente el 6 de agosto a las 10.30 de la mañana a prestar declaración indagatoria.
En una nota publicada el 17 de febrero por la revista “La Tecla” se informó que el juez Bonadío retomó la causa por los fondos del programa GIRSU. Ese medio accedió a informes que constan en el expediente. “Podría comenzar el desfile de jefes comunales por Tribunales”, indicaba el medio provincial.
El juez federal Claudio Bonadío busca determinar el destino de millones de pesos del programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU). La causa iniciada por el magistrado ya tiene procesados a varios funcionarios de la gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
A través de las indagatorias, se buscará deslindar las responsabilidades de los municipios que fueron receptores de fondos del programa implementado por el Ministerio de Medio Ambiente, entre los que figuran 68 pertenecientes a la provincia de Buenos Aires.
Antes de finalizar el 2017, Bonadio procesó por el delito de administración infiel a los ex jefes de Gabinete del kirchnerismo Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, además de los secretarios de la ex Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS), Sergio Gustavo Lorusso, Omar Vicente Judis y Juan José Mussi. La misma suerte corrieron los ex jefes de Gabinete de Asesores Ricardo Hugo Salvioli, Raúl Alejandro Fernández, Jorge Eduardo Alcántara y Andrés Matías Meizner; además de María Inés Ciampi, Marcelo Eduardo González, Rubén Marcelo Ybarra y Federico José Atilio, en sus caracteres de asesores técnicos de la ex SAyDS.
Luego de la auditoría realizada por la cartera que comandó el rabino Sergio Bergman, el fiscal Carlos Rívolo tomó intervención y elevó su informe a Bonadío, quien encarga un seguimiento a las obras llevadas a cabo en diferentes municipios, tomados al azar.
Entre ellos les tocó en suerte a veintitrés distritos de la provincia de Buenos Aires. Ellos son: Azul, Brandsen, Carlos Casares, Saavedra, Tordillo, Rauch, Benito Juárez, Bahía Blanca, Lezama, Capitán Sarmiento, Tapalqué, Suipacha, General Belgrano, Tornquist, Las Flores, Pila, Alberti, Lobería, Monte Hermoso, Coronel Suárez, Castelli, Coronel Dorrego y Quilmes.
“La Tecla accedió”, a través de fuentes vinculadas a la investigación judicial, a algunos de los informes confeccionados el año anterior y que fueron enviados al juez Bonadío.
Las inspecciones se llevaron adelante de forma conjunta por equipos de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación. Elaborados exhaustivamente, los minuciosos informes detallan los resultados de registros visuales, entrevistas con responsables comunales y pruebas gráficas de las falencias en muchas de las obras.
Algunas de ellas, por caso, vinculadas con la adquisición de materiales o no realización de tareas comprometidas al momento de firmarse el compromiso entre el ministerio y el municipio; y otras, con retrasos en la justificación de los gastos.
En el caso de Carmen de Patagones se investigaría el equipamiento de planta de RSU, con fecha de transferencia: 20 de noviembre de 2013, por un monto de 1.680.000 pesos.
