En el marco de una investigación penal por una presunta estafa a un jubilado, en una audiencia pública se hizo lugar a la medida cautelar requerida por el abogado del damnificado y se ordenó a un banco que -hasta la formulación de cargos- no descuente las cuotas de un préstamo que se habría obtenido de manera ilegal.
Si bien hay antecedentes de resoluciones similares en Río Negro, mayoritariamente se producen en el ámbito civil. Aquí fue requerida como medida cautelar en el marco del proceso penal.
En su planteo el abogado querellante solicitó que se ordene frenar el descuento que sufre todos los meses su cliente por parte del banco, por un crédito que nunca solicitó.
En este sentido explicó en primer término la manera en la que su cliente fue engañado a través de una llamada telefónica, hecho que está siendo investigado por el Ministerio Público Fiscal, en estado avanzado y con fecha de formulación de cargos.
El abogado hizo un resumen de la situación en la que se vio involucrado el jubilado y explicó que su cliente recibió un llamado donde le informaban que había ganado un premio de YPF, que consistía en un año de combustible gratis. Como el damnificado no tiene automotor, rechazó el premio, entonces le ofrecieron el dinero de todo un año en efectivo, para lo cual lograron que se manejara a través de su cuenta.
Así obtuvieron mediante engaños que el jubilado les fuera pasando datos de su cuenta particular, y con ello solicitaron un crédito inmediato que ofrece la entidad bancaria, además de hacer dos extracciones posteriores y finalmente le vaciaron la cuenta. No obstante haber realizado la exposición ante el banco Patagonia, la entidad le sigue descontando todos los meses más de 12 mil pesos de su haber jubilatorio, con los perjuicios que ello ocasiona.
El querellante indicó que el Ministerio Público tiene adelantada la investigación, tal es así que se requirió la formalización del caso. Queda claro, dijo el abogado Bianco Dubini, que la víctima “jamás solicitó el crédito”.
El Fiscal Tomas Soto adhirió a la petición de la medida cautelar. Al momento de resolver el juez Sergio Pichetto consignó que se encuentran reunidos los elementos que requiere una medida preventiva de ese tipo. El primero es la “verosimilitud del derecho” de quien la peticiona, cosa que está acreditada porque la persona damnificada nunca solicitó el préstamo. La segunda es el “riesgo en la demora”, que también es evidente porque el damnificado es jubilado y el descuento va en contra de su economía y la de su familia, argumentaron. En tercer lugar, destacaron que de ninguna manera la medida le causaría un perjuicio irreparable al banco.
