El Fiscal Mauricio Del Cero, titular de la UFIJ N ° 18, solicitó la pena de 8 años de prisión para Nicolás Adrián Pérez, 7 años de prisión para Cristian Gabriel García y 6 años para Washington Kalil Alexander Delgado, Daniel Enrique Dupré y Matías Sebastián Guerra Velarde.
Las defensas de los acusados solicitaron la absolución y subsidiariamente, que los hechos sean calificados en grado de tentativa.
El Tribunal Oral Criminal N.º 2 dará a conocer el fallo el próximo jueves 4 de noviembre, a las 12 horas.
Los efectivos policiales, pertenecientes a la Comisaría Quinta, están acusados de haber armado un ardid para extorsionar a un profesional de Bahía Blanca.
La causa
Según la investigación llevada a cabo por el fiscal Mauricio del Cero, el hecho ocurrió el 12 de junio del 2020 y concluyó con un operativo desplegado por la Policía Federal para atrapar in fraganti a los imputados en Perú y Zelarrayán, a pocas cuadras del centro bahiense.
Para el fiscal, los policías Delgado, Dupré, García, Guerra Velarde y Pérez fueron coautores del delito de “extorsión”, dijeron las fuentes. A García se le imputa, además, el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, agregaron fuentes judiciales consultadas por la agencia de noticias Télam.
En el marco del expediente se determinó que en horas de la mañana de ese día el odontólogo fue a la seccional ubicada en Don Bosco 1768, de Bahía Banca, para formular denuncia por un hecho penal.
En esas circunstancias, según surge del resultado de la pesquisa, los efectivos de esa dependencia le exigieron la entrega de 2000 dólares y le dijeron que si se negaba podía terminar imputado en una causa penal por drogas y su nombre sería divulgado en medios periodísticos.
Antes de entregar del dinero, el odontólogo denunció la extorsión ante la Justicia, por lo que tomó intervención el fiscal, quien convocó a la Policía Federal para que lo asista. Los efectivos de esa fuerza realizaron entonces un operativo e interceptaron y detuvieron a sus pares bonaerenses cuando acudieron a buscar el dinero exigido al odontólogo, que previamente había sido “marcado” por orden judicial.
