A primera hora del lunes 28 de agosto, se llevaron a cabo en tres domicilios de Bariloche, diversos allanamientos y requisas vehiculares con el fin de colectar evidencia de utilidad para la investigación que se lleva adelante por la supuesta distribución y tenencia de imágenes de abuso sexual infantil.
Esta pesquisa tuvo origen en la recepción de reportes denominados «CyberTipLine de la Ong NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) y en el marco del Protocolo de Intervención urgente y colaboración recíproca en caso de detección de uso de imágenes de abuso sexual infantil en Internet (Red 24/7) suscrito por el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal.
Estas tres medidas realizadas en nuestra ciudad es una más de un procedimiento coordinado en todo el país y países limítrofes denominado «Aliados por la Infancia» y planificado previamente de esta forma -a primera hora del día- para que sea simultáneo en los distintos puntos geográficos e impedir una eventual pérdida de la evidencia por conocimiento previo.
Todo ello en el marco del convenio suscripto en mayo de 2021, por parte del Ministerio Público Fiscal de la la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College, mediante el cual se habilitó el acceso al sistema de investigación estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-line Protection Systems (ICACCOPS). Esta es una plataforma utilizada para combatir la explotación sexual infantil y colaborar con otras entidades en pos de la protección y el rescate de niños, niñas y adolescentes (Resolución FG 50-21).
El Cuerpo de Investigación Judicial del Ministerio Público Fiscal de CABA accedió a la plataforma de ICACCOPS (utilizando credenciales previamente otorgadas) a fin de identificar las direcciones IP asociadas a presunto material de explotación sexual infantil (de acuerdo a lo normado en el artículo 128 del Código Penal). Luego de ello, se elaboraron los correspondientes informes de investigación, que permitieron determinar los titulares y domicilios de conexión asociados a dichas direcciones IP.
Se secuestraron en este procedimiento un número importante de dispositivos electrónicos encontrados en los domicilios allanados, los que serán peritados en las áreas de informática del Poder Judicial y la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones de la Procuración General.
Los mismos fueron llevados a cabo por el fiscal de la Unidad de violencia de género y delitos sexuales, fiscales adjuntos, equipo de la fiscalía, Oficina de Atención a la víctima, personal y la Unidad de investigaciones de
Delitos Complejos y Procedimiento Judiciales de Gendarmería Nacional Escuadrón N° 34.
En función de la evidencia colectada se avanza hacia otras medidas, en el marco de esta investigación preliminar.
