Este miércoles 15 de junio se cumplen 14 años del crimen de Atahualpa Martínez Vinaya. Un asesinato que instaló en Viedma lo más doloroso e impotente que puede tener una causa por homicidio, la impunidad. El no saber qué pasó y por qué asesinaron a Atahualpa Martínez Vinaya, sumado a que los asesinos están libres en la sociedad, hizo que se levante una bandera de lucha permanente que no claudica con el paso del tiempo.
El 22 de julio del 2007 Atahualpa Martínez Vinaya cumplió 19 años. Era un joven Mapuche-Aymara y estaba cursando el quinto año mientras tramitaba una beca para estudiar medicina en la Escuela Latinoamericana de la Habana en Cuba.
En la madrugada del 15 de junio de 2008 fue visto por última vez por sus amigos en el bar Miloka establecido en la calle Caseros de Viedma. Nadie vio quien sacó a Atahualpa de ese bar y se lo llevó para después ejecutarlo de un disparo de arma calibre 22 que le ingresó por la espalda y se alojó en el pulmón. El joven quedó tendido sobre el suelo y su cuerpo fue encontrado en horas del mediodía. Por aquel entonces se estimaba que habían arrojado el cuerpo en el mismo lugar que cayó y que utilizaron una camioneta para llevarlo hasta ahí.
Donde se encontró el cuerpo de Atahualpa no hubo cerco perimetral para resguardar el lugar y hubo al menos 50 personas que pisaron y alteraron lo que se supone era la escena del crimen y se movió el cuerpo al que le tomaron fotografías con el teléfono celular. En los primeros indicios de la investigación no se determinó ningún allanamiento en el Bar Miloka.
La investigación de la causa estuvo comandada por la fiscal Daniela Zagari, quien viajó a Bariloche y dejó todo en manos del fiscal Ricardo Falca. La instancia de instrucción desde el Juzgado estuvo a cargo de Carlos Reussi. A los tres se los señala como los responsables de la creación de la impunidad en el caso.
En el mes de octubre del 2008 y con la efervescencia de las marchas y pedidos de justicia, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió a Julieta Vinaya, madre de Atahualpa quien tuvo en sus manos el compromiso firmado por la mandataria para que a la investigación se sumen fuerzas federales. Seis meses después, en marzo de 2009, llegó a Viedma una delegación de Gendarmería con equipos técnicos para investigar el caso que hasta ese momento no tenía pruebas firmes ni sospechosos.
Corría el mes de junio del 2012 y la investigación no tenía curso. Tardaron tres años en cotejar el ADN de una campera que fue hallada en la casa de una de las personas que se señalaba como acusado. En el mes de agosto de 2012 la justicia ordenó la detención de Felipe Carrasco, Carlos Morales Toledo, Cesar Alberto Valla y Belen Barrientos. De los cuatro acusados, terminaron procesados Carrasco, Morales Toledo y Barrientos.
Mientras la investigación se llevaba a cabo, Julieta Vinaya marcaba presencia y presión en cuanto lugar pudiese levantar la bandera por la causa de su hijo asesinado. Se fue convirtiendo en un ejemplo de lucha y tenacidad y comenzó a acompañar a otras familias que pasaban por la misma situación que ella.
“Yo sé lo que es el dolor, la impotencia. Es lo que tenemos, nuestras vidas y somos capaces de dar las nuestras en esta búsqueda de verdad”, declaraba Julieta en julio de 2013 cuando fue fotografiada en una huelga de hambre junto a Gualberto Solano, papá de Daniel Solano desaparecido en CHoele Choel por la policía.
El primer juicio
En el mes de agosto del año 2014 comenzó el primer juicio en el que los jueces fueron Juan Bernardi, Eduardo Roumec y Rolando Gaitán. Mientras uno de los imputados afirmaba ser inocente asegurando que le plantaron pruebas, los otros dos se negaron a declarar. La familia se quedó en la puerta del Poder Judicial y no entraron a la audiencia. “No voy a convalidar con mi presencia esta farsa”, declaró por aquellos días Julieta Vinaya a los medios de comunicación.
Solo un mes después de comenzado el juicio el tribunal encontró irregularidades en el lugar donde se allanó y encontró la campera que mandaron a cotejar a través de una prueba de ADN. Tras un largo proceso judicial con varios testigos, los acusados terminan absueltos y en libertad. La impunidad se instalaba en el centro de la escena.
Comisión Atahualpa
En el mes de octubre del año 2014 se crea en la Legislatura de Río Negro la Comisión Atahualpa para que se investigue el caso Atahualpa Martínez Vinaya. La iniciativa fue presentada por la legisladora Susana Diéguez y recibió el apoyo de todos los bloques. Se buscaba en el Poder Legislativo lo que no se encontró en el Poder Judicial. Más de un año después, en diciembre del 2015 un informe de esa Comisión cuestionó fuertemente el trabajo de la policía y la justicia en el inicio de la investigación en 2008. Los nombres señalados fueron el de la Fiscal Daniela Zagari y el juez Carlos Reussi. El informe se aprobó pidiendo acciones inmediatas a la Fiscalía, Consejo de la Magistratura, Superior Tribunal de Justicia y Policía de Río Negro.
A casi dos años del informe de la Comisión Atahualpa y el pedido concreto a las instituciones antes mencionadas, recién en el mes de julio del 2016 el Superior Tribunal de Justicia anuló la sentencia de la Sala A de la Cámara en lo Criminal que absolvió a los imputados e hizo lugar al recurso interpuesto por el Fiscal de Cámara Fabricio Brogña López.
Ya en el año 2017, once meses después de la anulación de sentencia comenzaron los sumarios al juez Carlos Reussi y a los fiscales Daniela Zagari y Ricardo Falca. Reussi era el juez de instrucción mientras que Zagari fue la fiscal del caso. Falca estuvo al frente de la investigación por poco tiempo, pero no pidió allanar el bar Miloka que era propiedad de su cuñado.
En el mes de junio comienza una nueva etapa para el juicio por el asesinato de Atahualpa Martinez Vinaya. Por ese entonces, la Corte Suprema de Justicia de la Nación denegó el pedido de recurso de queja realizado por la Defensora General y abrió un nuevo juicio. Se pueden agregar más pruebas a la investigación que estaba refrendada y vuelven al banquillo de los imputados las mismas personas que fueron absueltas en el primer juicio.
En el mes de octubre de 2018, después de luchar sin claudicar durante 10 años para saber quién fue el asesino de su hijo y por qué se lo quito en esta vida, Julieta Vinaya murió sin obtener las respuestas en el plano terrenal. María Laura Vinaya, sobrina de Julieta declaraba “si algo ha muerto hoy es la credibilidad que tenemos en el Poder Judicial, eso si ha muerto”.
En el mes de marzo del 2019 comenzó el proceso oral y público en el nuevo juicio por el asesinato de Atahualpa. Los nuevos jueces fueron Carlos Mussi, Larcelo Valverde e Ignacio Gandolfi. El fiscal fue Hernán Trejo y la abogada defensora querellante fue Julia Mosquera quien fue acompañada por Fabio Igoldi. Los defensores oficiales de los imputados fueron Marta Ghiani, representando a Carrasco y Pedro Vega junto a Juan Álvarez Costa, defendiendo a Morales Toledo y Barrientos.
Felipe Carrasco declaró en ese juicio que faltaban los policías corruptos. “Los investigadores pusieron palos en la rueda”, expresó el acusado.
En el momento de alegatos, con un auditórium completamente desbordado de gente, la querella acusó de “encubrimiento” a dos de los tres imputados ya que no tenía más pruebas por el mal accionar del Poder Judicial y solicitó que se continué con la línea investigativa que señalaba a Leandro Mildemberger como el presunto homicida.
“No se ha logrado conformar el conjunto indiciario que permita concluir que estos imputados son responsables del homicidio”, refirió la abogada Julia Mosquera que actuó como parte querellante.
El Fiscal Hernán Trejo, solicitó la pena de 17 años de prisión para los dos hombres imputados en la causa, ya que para Trejo quedó probado que Carrasco y Morales Toledo participaron en la concreción del hecho, pero aclaró que no se excluye la posible participación de otras personas.
El 24 de abril del 2019, todos los acusados fueron absueltos por falta de sustentabilidad en las pruebas y el Tribunal de Juicio ordenó al Ministerio Público Fiscal continuar con la línea de investigación que señala a Leandro Mildemberger como presunto autor del crimen.
A 14 años del crimen de Atahualpa Martinez Vinaya queda demostrado que la constancia por la verdad perdurará a través de las generaciones. Pero también queda demostrado que la impunidad se alimenta de las deficiencias del ser humano y crece con la minimización de las responsabilidades de quienes debieron recibir condenas ejemplares y no seguir ocupando cargos en la estructura de un Poder Judicial que quedó manchado eternamente por mirar para otro lado mientras toda una sociedad pedía justicia.
La memoria de Atahualpa y de todas las víctimas de crímenes impunes en la provincia de Río Negro debe seguir viva a través del recuerdo de la sociedad. Es la única forma de que el olvido no se lleve puesto el recuerdo y contrarrestar tanta impunidad.
Juicio político
En marzo del 2019 se desarrolló el juicio político contra el juez de instrucción Carlos Reussi, la Fiscal Daniela Zagari y el fiscal subrogante Ricardo Falca. En el Consejo de la Magistratura, con el consejero Adrián Casadei como instructor sumariante, se juzgo a Carlos Reussi por contar con las facultades para actuar frente a la falla de los allanamientos de lugares claves y por no avanzar en pericias más eficientes a la única prueba con la que cuenta la causa, que es la campera secuestrada en uno de los allanamientos.
En el caso de Daniela Zagari, que era la fiscal del caso y hoy es jueza se la juzgó por no haber dispuesto los recursos para allanar y por dilatar la causa durante cuatro años. En el caso de Ricardo Falca, se lo juzgo por su inacción como fiscal durante los primeros días de la investigación, que eran claves para saber la verdad.
En el ceno del Consejo de la Magistratura se resolvió enviar al ámbito de la procuración los expedientes de Zagari y Falca para que evalúen si correspondía el juicio político. En el caso del juez Reussi, se solicitó el envió del expediente al Superior Tribunal de Justicia para que evalúen sanciones de menor entidad ya que consideraron que la responsabilidad no era la misma que tenían Zagari y Falca.
